Leyes

MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

INTRODUCCIÓN
Planteamiento general de las
medidas cautelares en la Ley.

La Ley 29/1998 regula las medidas cautelares en el procedimiento contencioso administrativo en los artículos 129 a 136 del capítulo V de la Ley, en los que establece las normas generales de las medidas cautelares, las medidas cautelares frente a actos,frente a disposiciones generales, frente a la inactividad de la Administración, frente a la inejecución de actos administrativos y frente a la vía de hecho, así como las normas procedimentales, todo ello sin distinción de secciones.

Al contrario de lo que sucedía en el anterior texto rituario, la Ley 29/1998 no circunscribe las medidas cautelares a la suspensión, sino que, acogiendo las líneasjurisprudenciales y doctrinales en este sentido, amplía el objeto de las medidas cautelares a todas aquéllas que aseguren la efectividad de la Sentencia.

Con ello se da satisfacción a las corrientes que veían en estas medidas cautelares positivas una necesidad derivada del artículo 24.1 de la Constitución Española, en cuanto que, la existencia de la autotutela de la Administración Pública hacenecesario el depositar en el Juez de lo Contencioso una serie de medidas que limiten tal autotutela, lo que se ha conocido como la tutela judicial efectiva cautelar, único sistema para luchar contra el uso abusivo de la decisión previa. [1]

La propia exposición de Motivos de la Ley 29/1998 es meridiana al proclamar que “Además, teniendo en cuenta la experiencia de los últimos años y la mayoramplitud que hoy tiene el recurso contencioso administrativo, la suspensión de la disposición o acto recurrido no puede constituir ya la única medida cautelar posible. La Ley introduce en consecuencia la posibilidad de adoptar cualquier medida cautelar, incluso las de carácter positivo. No existen para ello especiales restricciones, dado el fundamento común a todas las medidas cautelares.Corresponde al juez o Tribunal determinar las que, según las circunstancias, fuesen necesarias....”





LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY 29/1998


1.- Legitimación de parte.

La lectura del artículo 129.1 parece clara: la legitimación para solicitar las medidas cautelares corresponde a las partes en el proceso contencioso. Es lógica esta formulación, pero en la práctica la iniciativa quedalimitada al demandante, que impugna la validez del acto o disposición, y ello se deriva precisamente la autotutela de la Administración Pública.

Y decimos al demandante y no al particular porque incluso en el caso de que la Administración no fuera demandada (declaración de lesividad), en su calidad de demandante será la única que pueda proponer las medidas cautelares.

Únicamente se nos ocurre uncaso en el que las medidas cautelares pudieran ser propuestas por el demandado, y es precisamente en el procedimiento de declaración de lesividad, cuando la Administración Pública en el uso de la facultad que le confiere el artículo 104 de la Ley 30/1992, hubiera acordado la suspensión del acto cuya revisión pretende del órgano judicial.

Sin embargo esta posibilidad se nos ocurre improbable yello se debe a la errónea configuración de los artículos 102 a 106 de la Ley 30/1992, como consecuencia de la reforma operada por la Ley 4/1999 y al hecho de que acordada una medida cautelar en vía administrativa, deberá sostenerse su mantenimiento en vía contenciosa.

Efectivamente, se nos dice en el artículo 104 que “Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente pararesolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.” Esta fórmula, antes de la reforma de la Ley 4/1999 podría englobar a la revisión de oficio de los actos nulos y anulables. Sin embargo, la Ley 4/1999 eliminó la revisión de oficio de los actos anulables, estableciendo un procedimiento en dos fases, una administrativa de...