MAGISTER DERECHO PENAL
Páginas: 14 (3432 palabras)
Publicado: 13 de agosto de 2013
MÉTODO DE ANÁLISIS FRENTE A LA SOLICITUD Y/O SUSTITUCIÓN DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO
2- En este sentido, vale advertir que el despacho ha tomado postura frente a casos similares y ha determinado una línea criteriológica al respecto.
Así las cosas, para dotar y nutrir la argumentación a que recurrirá este titular, han de indicarse varias piezas jurisprudenciales que se han trazado en lopertinente:
En primer término, están las Sentencias constitucionales C-774 del 25 de julio del 2001, C-591 de 2005 y correlativamente la Sentencia del 04 de febrero del 2009, Rad. 31167, MP. Sigifredo Espinosa Pérez que desarrollan lo pertinente a los fines y filosofía de las medidas de aseguramiento.
La sentencia del 20 de octubre de 2005, Rad. 24.152 se ocupa de resolver la contradicciónque se daba en los artículos 313.2 y 315 de la Ley 906 de 2004, frente al establecimiento de la pena mínima que daba lugar a la medida.
Se profiere también la Sentencia del 13 de junio del 2009, Rad. 22014 que hace un estudio pormenorizado de la evolución legislativa de las “medidas de aseguramiento” frente a las leyes 600, 906 y 1142; la Sentencia del 16 de diciembre del 2010, Rad. 33039,centró su análisis a la obligación de la fiscalía en lo que corresponde a la petición de medidas de aseguramiento frente a la Inferencia sobre autoría que constituye un análisis objetivo.
Igualmente està la Sentencia Constitucional C-1198 de 2008 que llama la atención en cuanto a los requisitos deben observarse estrictamente dado el carácter excepcional de privar de la libertad al ciudadano yexamina además, el criterio de necesidad en su aplicación y finalidades.
3-Habiendo dejado expuesto lo anterior, necesario es enunciar las reglas o parámetros lógico-jurídicos que deben observarse cuando se está frente a la petición de decreto de medida de aseguramiento –en este caso de detención en centro carcelario-, para lo cual echamos mano de la sentencia C-774 del 2001.
En efecto, quedeclaro desde ya, que según la Corte Constitucional (en la sentencia enunciada) creó dos reglas de práctica judicial: (i) No basta para su imposición la concurrencia de los requisitos formales y sustanciales establecidos en la ley, sino que es necesario, (ii) Demostrar contundentemente su “necesidad impositiva”, fundada en uno o varios de los cuatro factores: 0bstrucciòn del imputado a la acciónde la justicia (art. 309); o ya que es un Peligro para la comunidad o para la víctima (arts. 310 y 311); o ya en que no comparecerá a responder ante la ley (art. 312).
La examinación de éstos (factores de necesidad impositiva, art. 308 de la Ley 906 de 2004), como lo remata conclusivamente la Sentencia Constitucional C-1198 de 2008 no debe dejar otra alternativa y para su decreto el fiscaly el juez deben, ponderar –sin exagerar- las razones fácticas y jurídicas que convergen al caso y hacerlo con seriedad, para evitar terminar violando derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia, dado que al entrar a restringirse el derecho de la libertad personal, extremo ultimo y excepcional, con criterios puramente objetivos resultan insuficientes parajustificar la razonabilidad de la prohibición de una medida sustitutiva a la privación de la libertad en establecimiento carcelario” (Sentencia C-318 del 19 de abril del 2008).
Luego, debe quedar claro que cuando los funcionarios, el que solicita y el que decreta, enfrentan el diagnóstico de imposición que les lleva a realizar una evaluación compleja que no solo comprende presupuestos formales ysustanciales sino también en torno a su necesidad que en definitiva es la última regla (art. 308 de la Ley 906 de 2004) que justifica su imposición.
De aquí entonces, que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia del 9 de febrero del 2009, Rad. 30942, diga que éstos presupuestos de examinación se proyectan en un doble sentido de verificación que al ser superada, lleva entonces a la...
2- En este sentido, vale advertir que el despacho ha tomado postura frente a casos similares y ha determinado una línea criteriológica al respecto.
Así las cosas, para dotar y nutrir la argumentación a que recurrirá este titular, han de indicarse varias piezas jurisprudenciales que se han trazado en lopertinente:
En primer término, están las Sentencias constitucionales C-774 del 25 de julio del 2001, C-591 de 2005 y correlativamente la Sentencia del 04 de febrero del 2009, Rad. 31167, MP. Sigifredo Espinosa Pérez que desarrollan lo pertinente a los fines y filosofía de las medidas de aseguramiento.
La sentencia del 20 de octubre de 2005, Rad. 24.152 se ocupa de resolver la contradicciónque se daba en los artículos 313.2 y 315 de la Ley 906 de 2004, frente al establecimiento de la pena mínima que daba lugar a la medida.
Se profiere también la Sentencia del 13 de junio del 2009, Rad. 22014 que hace un estudio pormenorizado de la evolución legislativa de las “medidas de aseguramiento” frente a las leyes 600, 906 y 1142; la Sentencia del 16 de diciembre del 2010, Rad. 33039,centró su análisis a la obligación de la fiscalía en lo que corresponde a la petición de medidas de aseguramiento frente a la Inferencia sobre autoría que constituye un análisis objetivo.
Igualmente està la Sentencia Constitucional C-1198 de 2008 que llama la atención en cuanto a los requisitos deben observarse estrictamente dado el carácter excepcional de privar de la libertad al ciudadano yexamina además, el criterio de necesidad en su aplicación y finalidades.
3-Habiendo dejado expuesto lo anterior, necesario es enunciar las reglas o parámetros lógico-jurídicos que deben observarse cuando se está frente a la petición de decreto de medida de aseguramiento –en este caso de detención en centro carcelario-, para lo cual echamos mano de la sentencia C-774 del 2001.
En efecto, quedeclaro desde ya, que según la Corte Constitucional (en la sentencia enunciada) creó dos reglas de práctica judicial: (i) No basta para su imposición la concurrencia de los requisitos formales y sustanciales establecidos en la ley, sino que es necesario, (ii) Demostrar contundentemente su “necesidad impositiva”, fundada en uno o varios de los cuatro factores: 0bstrucciòn del imputado a la acciónde la justicia (art. 309); o ya que es un Peligro para la comunidad o para la víctima (arts. 310 y 311); o ya en que no comparecerá a responder ante la ley (art. 312).
La examinación de éstos (factores de necesidad impositiva, art. 308 de la Ley 906 de 2004), como lo remata conclusivamente la Sentencia Constitucional C-1198 de 2008 no debe dejar otra alternativa y para su decreto el fiscaly el juez deben, ponderar –sin exagerar- las razones fácticas y jurídicas que convergen al caso y hacerlo con seriedad, para evitar terminar violando derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia, dado que al entrar a restringirse el derecho de la libertad personal, extremo ultimo y excepcional, con criterios puramente objetivos resultan insuficientes parajustificar la razonabilidad de la prohibición de una medida sustitutiva a la privación de la libertad en establecimiento carcelario” (Sentencia C-318 del 19 de abril del 2008).
Luego, debe quedar claro que cuando los funcionarios, el que solicita y el que decreta, enfrentan el diagnóstico de imposición que les lleva a realizar una evaluación compleja que no solo comprende presupuestos formales ysustanciales sino también en torno a su necesidad que en definitiva es la última regla (art. 308 de la Ley 906 de 2004) que justifica su imposición.
De aquí entonces, que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia del 9 de febrero del 2009, Rad. 30942, diga que éstos presupuestos de examinación se proyectan en un doble sentido de verificación que al ser superada, lleva entonces a la...
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