Protesta policial en tucumán
Páginas: 6 (1381 palabras)
Publicado: 5 de julio de 2011
A la Opinión Pública, en relación a la protesta policial de Tucumán (año 2011)
La reciente protesta policial en Tucumán debe llamarnos a la reflexión, a la sociedad en general pero especialmente a la clase política. Un sector de trabajadores de la seguridad pública debió expresar sus reclamos de una manera dramática, cortando calles, quemando cubiertas… dejando a la comunidad con menosprotección que la habitual en un marco donde la inseguridad es la mayor preocupación de los argentinos.
Cuesta creer que una persona que a diario arriesga su vida para garantizar la tranquilidad pública, gane un sueldo básico de $ 900, mientras muchos argentinos ganan sumas similares gracias a los planes sociales, a las pensiones graciables, a las jubilaciones sin aportes, etc.
Sin desmerecer estapolítica social de integración de los más necesitados, lo que pretendo es realizar un contraste entre la situación de estas personas y la de un policía que debe salir a la calle con su uniforme (muchas veces pagado de su bolsillo), sin la protección necesaria para su propia integridad física (chalecos antibalas) y sin los medios de comunicación que pueden salvarle la vida en caso de necesidad,como un equipo de radio; y que debe cumplir una tarea altamente riesgosa y estresante, como lo señalan muchos estudios internacionales sobre la temática, por un sueldo miserable, de hambre, que está muy lejos de la canasta básica que asciende a los $ 6.550 según estudios de consultoras privadas reconocidas y de la CTA y otras entidades gremiales nacionales.
El Gobernador de Tucumán endeclaraciones a la prensa, expresó: “Yo lo que quiero es tranquilidad y como gobernador quiero representarlos a ellos en los salarios porque no hay quién los represente”, mostrando claramente la imposibilidad de expresar sus demandas que tiene hoy por hoy el trabajador policial en la República Argentina, por las restricciones impuestas a través de Reglamentos Policiales anacrónicos e inconstitucionales enmuchos de sus artículos, por un lado, y por otro, la hipocresía de la clase política con máxima responsabilidad en la conducción del gobierno. El Gobernador de la Provincia es quien fija la política salarial de los empleados públicos, no el que los representa en la defensa de sus derechos laborales. Para eso existen, en todos los países del mundo y en todas las profesiones, incluso la policial ypenitenciaria, los SINDICATOS o GREMIOS.
Estas realidades confirman y reafirman nuestros argumentos a favor de la necesidad de que se produzca la legalización de los sindicatos policiales y penitenciarios, que ya existen, pero que el gobierno se niega a reconocer, violando Convenios Internaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que las autoridades delgobierno cuenten con referentes válidos a la hora de negociar salarios y condiciones laborales y para que este importante sector de trabajadores pueda realizar sus demandas en forma pacífica, ordenada y legítima.
En un país donde observamos en los últimos años políticas inclusivas, la ampliación de derechos civiles a la ciudadanía (como, por ejemplo, el matrimonio igualitario), políticas socialesuniversales (como la Asignación Universal por Hijo); vemos con desazón la indiferencia política hacia el trabajador policial y penitenciario, no entendemos porqué esta actitud de desprecio, no sólo hacia el trabajador de la seguridad pública, sino hacia las Bases Fundamentales de la República: La Constitución Nacional.
La Constitución Nacional dice taxativamente: “Art. 14.- Todos los habitantesde la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles;...
La reciente protesta policial en Tucumán debe llamarnos a la reflexión, a la sociedad en general pero especialmente a la clase política. Un sector de trabajadores de la seguridad pública debió expresar sus reclamos de una manera dramática, cortando calles, quemando cubiertas… dejando a la comunidad con menosprotección que la habitual en un marco donde la inseguridad es la mayor preocupación de los argentinos.
Cuesta creer que una persona que a diario arriesga su vida para garantizar la tranquilidad pública, gane un sueldo básico de $ 900, mientras muchos argentinos ganan sumas similares gracias a los planes sociales, a las pensiones graciables, a las jubilaciones sin aportes, etc.
Sin desmerecer estapolítica social de integración de los más necesitados, lo que pretendo es realizar un contraste entre la situación de estas personas y la de un policía que debe salir a la calle con su uniforme (muchas veces pagado de su bolsillo), sin la protección necesaria para su propia integridad física (chalecos antibalas) y sin los medios de comunicación que pueden salvarle la vida en caso de necesidad,como un equipo de radio; y que debe cumplir una tarea altamente riesgosa y estresante, como lo señalan muchos estudios internacionales sobre la temática, por un sueldo miserable, de hambre, que está muy lejos de la canasta básica que asciende a los $ 6.550 según estudios de consultoras privadas reconocidas y de la CTA y otras entidades gremiales nacionales.
El Gobernador de Tucumán endeclaraciones a la prensa, expresó: “Yo lo que quiero es tranquilidad y como gobernador quiero representarlos a ellos en los salarios porque no hay quién los represente”, mostrando claramente la imposibilidad de expresar sus demandas que tiene hoy por hoy el trabajador policial en la República Argentina, por las restricciones impuestas a través de Reglamentos Policiales anacrónicos e inconstitucionales enmuchos de sus artículos, por un lado, y por otro, la hipocresía de la clase política con máxima responsabilidad en la conducción del gobierno. El Gobernador de la Provincia es quien fija la política salarial de los empleados públicos, no el que los representa en la defensa de sus derechos laborales. Para eso existen, en todos los países del mundo y en todas las profesiones, incluso la policial ypenitenciaria, los SINDICATOS o GREMIOS.
Estas realidades confirman y reafirman nuestros argumentos a favor de la necesidad de que se produzca la legalización de los sindicatos policiales y penitenciarios, que ya existen, pero que el gobierno se niega a reconocer, violando Convenios Internaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que las autoridades delgobierno cuenten con referentes válidos a la hora de negociar salarios y condiciones laborales y para que este importante sector de trabajadores pueda realizar sus demandas en forma pacífica, ordenada y legítima.
En un país donde observamos en los últimos años políticas inclusivas, la ampliación de derechos civiles a la ciudadanía (como, por ejemplo, el matrimonio igualitario), políticas socialesuniversales (como la Asignación Universal por Hijo); vemos con desazón la indiferencia política hacia el trabajador policial y penitenciario, no entendemos porqué esta actitud de desprecio, no sólo hacia el trabajador de la seguridad pública, sino hacia las Bases Fundamentales de la República: La Constitución Nacional.
La Constitución Nacional dice taxativamente: “Art. 14.- Todos los habitantesde la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles;...
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