prácticas

16820

Sábado 29 abril 2006

I.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
7677

BOE núm. 102

LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguienteLey.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La exigencia de una evaluación ambiental de las actividades que probablemente vayan a causar impacto
negativo sobre el medio ambiente apareció en el marco
internacional en la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en
1972, y posteriormente en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebradaen Río de Janeiro en 1992. De ellas nacen buena parte de
los tratados internacionales en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible, incluido también el
derecho ambiental español y comunitario. Son ejemplos
de ello las Directivas 85/337/CEE del Consejo, de 27 de
junio de 1985, y 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo
de 1997, relativas a la evaluación de las repercusiones de
determinadosproyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente, y, en el ámbito internacional, el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio
ambiente en un contexto transfronterizo, firmado en
Espoo en 1991, y su Protocolo sobre evaluación ambiental
estratégica, firmado en Kiev en 2003.
En esta línea de actuación, la evaluación deimpacto
ambiental constituye un instrumento eficaz en España
para la consecución de un desarrollo sostenible mediante
la consideración de los aspectos ambientales en determinadas actuaciones públicas o privadas, desde su incorporación a nuestro derecho interno con el Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental.
Sin embargo, este instrumento ha mostradosus
carencias cuando se trata de evitar o corregir los efectos
ambientales en el caso de las tomas de decisión de las
fases anteriores a la de proyectos. Era necesario, por lo
tanto, establecer una herramienta que permitiera actuar
de una forma estratégica en tales fases.
Esta ley, por tanto, introduce en la legislación española la evaluación ambiental de planes y programas, tambiénconocida como evaluación ambiental estratégica,

como un instrumento de prevención que permita integrar
los aspectos ambientales en la toma de decisiones de
planes y programas públicos, basándose en la larga experiencia en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, tanto en el ámbito de la Administración General del
Estado como en el ámbito autonómico, e incorpora a
nuestro derecho interno laDirectiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
La entrada en vigor de la ley supondrá la realización
de un proceso de evaluación ambiental estratégica de los
planes y programas que elaboren y aprueben las distintas
Administraciones públicas. En este sentido,las comunidades autónomas, titulares de competencias como la
ordenación del territorio y urbanismo, que implican una
actividad planificadora, tendrán un papel relevante en el
adecuado cumplimiento de la citada directiva y de su
norma de transposición.
Los fundamentos que informan tal directiva son el
principio de cautela y la necesidad de protección del
medio ambiente a través de laintegración de esta componente en las políticas y actividades sectoriales. Y ello para
garantizar que las repercusiones previsibles sobre el
medio ambiente de las actuaciones inversoras sean tenidas en cuenta antes de la adopción y durante la preparación de los planes y programas en un proceso continuo,
desde la fase preliminar de borrador, antes de las consultas, a la última fase de propuesta de...