Queda claro entonces

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Queda claro entonces, que el artículo 90 de nuestra Constitución Política exige que se
presenten tres requisitos para poder hablar de una responsabilidad patrimonial del
Estado.
Estos requisitos son: la presencia de una daño antijurídico, que como se vio, es aquel que el administrado no está en la obligación de soportar pues no existe o no se presenta ninguna causal que justifique laproducción del daño por parte de la administración, la existencia de una causalidad material –imputatio facti- esto es, que el daño sea efecto inmediato de la acción o de la omisión de la autoridad pública y la atribución jurídica del daño al Estado –imputatio iuris- en virtud de un nexo con el servicio. El título o factor de atribución del daño (falla del servicio probada o presunta; daño especial, riesgoexcepcional, etc), será asunto que determinará el juzgador, en vista de lo allegado y probado, en virtud del principio según el cual a las partes incumbe demostrar los hechos yal juez dispensar el derecho.
La responsabilidad del Estado tal como ha sido concebida y según es aplicada por el
Consejo de Estado y los tribunales administrativos es una responsabilidad civil, es decir, de contenidoeconómico o patrimonial.
Esta característica, es reflejo de la función que cumple esta rama de la responsabilidad jurídica: mientras que la responsabilidad penal sanciona a un culpable mediante la aplicación de una pena, la responsabilidad administrativa lo mismo que la responsabilidad civil tiene por objeto restablecer un desequilibrio, una pérdida apreciable en dinero, mediante el otorgamiento deuna reparación pecuniaria.
No cabe duda que la inserción en nuestro sistema jurídico del concepto de daño
antijurídico como fundamento único de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, es un fiel reflejo de dicha función resarcitoria, en la cual se le presta mayor atención al daño causado al ciudadano que al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y laconducta del agente generador del daño.
Es claro pues, que el cimiento de toda la responsabilidad estatal está constituido
claramente por el daño antijurídico, el cual no es más que la clara expresión del principio de igualdad de los ciudadanos frente a la ley y las cargas públicas manifestación por excelencia de los principios constitucionales de solidaridad e igualdad consagrados en nuestraconstitución en los artículos 1 y 13 respectivamente.

6. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991.
6.1. PROPÓSITO DEL CONSTITUYENTE.
El artículo 90 de la actual constitución emana básicamente del proyecto elaborado por
Constituyente doctor Juan Carlos Es guerra, quien en el informe –ponencia del 22 de abril de 1991, presenta el bosquejo del artículo concerniente al tema de laresponsabilidad de las autoridades públicas y del Estado, de la siguiente manera: “Las autoridades públicas serán responsables por infracción de la Constitución y de las leyes y por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones. Cualquier persona podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las correspondientes sanciones penales o disciplinarias.
Cuando sea procedente,también podrá demandar ante el juez competente que se ordene a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La demanda podrá dirigirse contra el Estado, la autoridad pública o uno y otra. En el evento de ser condenado el Estado a lareparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”57
En ese mismo informe se aprecia claramente que el espíritu del constituyente respecto al tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, consistía en cambiar el fundamento de la responsabilidad en el sentido de que ya no fuera tomada como...
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