Resumen mensaje codigo procesal penal

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RENTABILIDAD DE LA REFORMA PROCESAL PENAL
Desde el punto de vista político y constitucional, el mayor defecto del sistema penal en Chile es que carece de un genuino juicio contradictorio que satisfaga las exigencias del debido proceso. El sistema penal en Chile, en su fase procesal, contradice así una de las garantías inherentes al sistema político. El proceso penal en Chile posee una estructurainquisitiva, absolutista y secreta, que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado democrático. La consolidación de la democracia exige la reforma al proceso penal de modo que satisfaga las exigencias de un juicio público y contradictorio.
Ocuparse de la reforma procesal penal para, a través de ella, fortalecer las garantías, constituye,así, una tarea exigida por los principios en materia de derechos fundamentales. La reforma al proceso penal importará, por lo mismo, un mayor goce cotidiano de los derechos humanos.
No se agotan ahí, sin embargo, los efectos y las ventajas políticas de la reforma al proceso penal. Si modernizar el Estado significa someter la gestión de sus diversos órganos a criterios de eficiencia en la gestióny en el diseño, entonces, la modernización del Estado exige la reforma al proceso penal. En la situación actual, se trata no solo de un procedimiento que confiere pocas garantías, sino que, además, se trata de un procedimiento carente de eficiencia y, lo que es peor, displicente con las víctimas y los usuarios que a él acceden. Algunos estudios empíricos de carácter exploratorio, por otra parte,atribuyen al procedimiento penal vigente en Chile funciones latentes de penalización informal, dada la alta incidencia de la prisión preventiva y el bajo número de sentencias condenatorias. En lo que atinge nada más a las causas que ingresan al sistema jurisdiccional, las fuentes primarias muestran que, para el año 1990, si se excluyen las faltas y los cuasidelitos, el promedio de causasfinalizadas mediante sentencia definitiva a nivel nacional alcanza apenas a un 17 por ciento y los sobreseimientos a un 69 por ciento. Un análisis más fino de esas cifras -que excluya juzgamientos por leyes especiales- indicaría todavía que la tasa de sentencias definitivas alcanza apenas a un seis por ciento.
En fin, las fuentes primarias disponibles y diversas fuentes de carácter secundario, indican quela mayor parte de quienes están recluidos en las prisiones del país son personas que se encuentran detenidas o procesadas y solo la menor parte condenadas. A lo largo de la década del ochenta y en lo que va del noventa; la población condenada nunca supera el cuarenta y nueve por ciento de la población privada de libertad. Se trata, pues, de un sistema que posee formas deficitarias de división deltrabajo, obsoleto y deficiente en su gestión. La reforma al proceso penal debe traducirse, entonces, en una mejora en la gestión jurisdiccional del Estado.
A ese conjunto de efectos políticos de una reforma procesal penal, debe agregarse, todavía, la relevancia económica de la reforma. Esta se traducirá en una mejor utilización del gasto público en justicia, por una parte, y en una mayorintegración social, por otra, contribuyendo así a acentuar la función de equidad que compete al Estado.
Como ocurre en todos los sectores del Estado, los recursos para la persecución penal son inevitablemente escasos y, por ese motivo, no toda forma de conducta desviada puede ser reprimida. En los hechos todo sistema penal es inevitablemente selectivo. Existe una zona de la criminalidad que queda,también, inevitablemente fuera del sistema. En el caso del proceso penal chileno esa selectividad es discriminatoria, puesto que no hace más que reproducir los sistemas de estratificación social, afectando solo a los sectores sociales más vulnerables.
Es, pues, necesario, instituir un órgano -el Ministerio Público- que en base a criterios políticos criminales explícitos y sometido a estrictos...
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