Temas juridicos ambientales

Sentencia T-472/09

ACCION DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES DE AUTORIDADES DE POLICIA

La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que en los asuntos en los cuales se aleguen irregularidades en las decisiones de autoridades policiales es preciso tener en cuenta (i) que las decisiones proferidas por las autoridades administrativas o de policía en procesos civiles tienen naturalezajurisdiccional, no administrativa, y por ende están sustraídas del control de la jurisdicción contencioso administrativa; y (ii) que la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela sólo procede contra estas decisiones cuando el afectado no tiene a su disposición otro mecanismo eficaz de defensa. En los procesos policivos no existe hasta el momento un mecanismo de defensa judicial idóneo distinto a latutela para lograr la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales cuando éstos sean amenazados o vulnerados por la actuación de las autoridades públicas, quedando tan sólo éste medio constitucional de defensa como mecanismo eficaz para garantizar el amparo de los derechos fundamentales que se vean involucrados en el caso concreto. En el presente caso es pertinente recordar que elaccionante solicita que se suspenda la ejecución de la Resolución por medio de la cual se decidió negativamente el recurso de apelación contra la resolución 014, emitida por la Inspección Décima Urbana de Policía de Ibagué, razón suficiente para que de acuerdo con las anteriores consideraciones proceda la presente acción, por lo que la Sala examinará el asunto de fondo para efectos de determinarla ocurrencia de la vulneración de los derechos fundamentales y su protección si es del caso.

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA Y PROTECCION JURIDICA DEL ADMINISTRADO RESPECTO DE ACTUACIONES ESTATALES

La confianza legítima es un principio constitucional que directa o indirectamente está en cabeza de todos los administrados lo cual obliga al Estado a procurar su garantía y protección. Es unmandato inspirado y retroalimentado por el de la buena fe y otros, que consiste en que la administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa o indirectamente permitía a los administrados, sin que se otorgue un período razonable de transición o una solución para los problemas derivados de su acción u omisión. Dentro del alcance y límites es relevante tener en cuenta, según elcaso concreto: (i) que no libera a la administración del deber de enderezar sus actos u omisiones irregulares, sino que le impone la obligación de hacerlo de manera tal que no se atropellen los derechos fundamentales de los asociados, para lo cual será preciso examinar cautelosamente el impacto de su proceder y diseñar estrategias de solución; (ii) que no se trata de un derecho absoluto y portanto su ponderación debe efectuarse bajo el criterio de proporcionalidad; (iii) que no puede estar enfocado a obtener el pago de indemnización, resarcimiento, reparación, donación o semejantes y (iv) que no recae sobre derechos adquiridos, sino de situaciones jurídicas anómalas susceptibles de modificación.

PROCESO POLICIVO DE AMPARO AL DOMICILIO-Caso en que la diligencia de desalojo se llevó acabo durante el trámite del proceso de tutela

Considera la Sala que a pesar de que la autoridad municipal en ejercicio de sus funciones ejecutó las disposiciones normativas que le exigían la protección del amparo al domicilio de un establecimiento educativo, debió ofrecer soluciones alternativas al accionante y a su núcleo familiar, a fin de evitar que se empeoraran sus condiciones, ya que setrata de una familia compuesta por un hombre de 52 años y una mujer de 47, que desde hace seis años aproximadamente vivían y prestaban sus servicios a la institución educativa en la que habitaban. Sumado a ello y no circunstancia de poca monta, dicho núcleo familiar está conformado por dos sujetos de especial protección como lo son una hija de diecisiete años y un nieto de dos, que merecen una...