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IMPUNIDAD Y JUSTICIA INTERNACIONAL

Por "impunidad", se entiende por la omisión de investigar, enjuiciar y juzgar a las personas físicas y moralmente responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. A efectos de los presentes principios, se entiende por «graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario»,especialmente los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio, la tortura, las ejecuciones extra-judiciales y las desaparicionesforzadas (de aquí en adelante: «los crímenes graves»).
El alcance de los crímenes graves se extiende más allá de los territorios donde fueron cometidos, Constituyendo un reto lanzado a la conciencia pública y llevan a considerar a sus autores como enemigosde la humanidad (hostes humani generis). En tal contexto, la lucha contra la impunidad forma parte de la lucha por la justicia internacional y constituye una responsabilidad del conjunto de la comunidad internacional.
La obligación de reprimir los crímenes graves es una regla imperativa (jus cogens) del derecho internacional.

CONSIDERACION HISTORICO JURIDICAS SOBRE LA LUCHA CONTRA LAIMPUNIDAD.

Antes de que la Organización de las Naciones Unidas tomara iniciativas en el ámbito de la lucha contra la impunidad, fueron las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de víctimas, particularmente de América Latina, las que llevaron esta lucha a los foros intergubernamentales.
La impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, aunque muchas veces condenada, fue pormucho tiempo asumida como un “mal necesario” por parte de varias instancias de las Naciones Unidas. A lo largo de varias décadas, dominó la idea de que la impunidad era el precio a pagar para asegurar la transición a la democracia, el “retorno de los militares a sus cuarteles” o la superación de conflictos armados internos. Así, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptónumerosas resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Chile instando a las autoridades del régimen militar a llevar ante los tribunales y a castigar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos,se abstendría sin embargo de pronunciarse sobre la auto-amnistía decretada por el gobierno militar en 1978.
Asimismo, en el caso de la amnistía de 1987 de El Salvador, laAsamblea General se abstendría de pronunciarse sobre esta legislación consagrando la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos.
Pero aun más revelador de esa concepción predominante sobre la impunidad como costo necesario sería la resolución de la Asamblea General de 1988, intitulada “La situación en Centroamérica: amenazas a la paz y la seguridad internacionales e iniciativas de paz”.En ella, la Asamblea General daba su respaldo incondicional al Acuerdo de Esquipulas II de agosto de 1987, adoptado en desarrollo del Acuerdo sobre procedimientos para establecer la paz firme y duradera en Centro América (Esquipulas I) y suscrito por los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En el Acuerdo de Esquipulas II, los presidentes centroamericanos habíanacordado emitir “decretos de amnistías”. Esta disposición del Acuerdo de Esquipulas II sería invocada, al promulgar sus respectivas leyes de amnistía, por los gobiernos guatemalteco, hondureño, nicaragüense y salvadoreño.
La crisis haitiana de inicios de la década del ‘90 sería también escenario de este tipo de concepciones. Los Protocolos de Washington suscritos en 1993 entre el Gobiernoconstitucional de Jean Bertrand Aristide y el régimen de facto del General Raoul Cédras bajo auspicios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sentaban como bases para el retorno a la democracia: el regreso al país del presidente derrocado; la creación de un Gobierno de Salvación Nacional; la separación de la policía de las fuerzas militares; y la promulgación de una amnistía para los...
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