Acuerdo de Seguridad Democrático

Acuerdo para la seguridad democrática

Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte
dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas
de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y
pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de
seguridad que atiendan las legítimasdemandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores
democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a
generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo
agravan el problema y reproducen la violencia.

1. El Estado frente al problema del delito

En nuestro país, la acción del Estado frente alincremento de la violencia y el
delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que
consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.

En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de
seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver
a políticas de probado fracaso.

2. El engaño de la mano dura

Laspolíticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la
violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad
democrática.

La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el
debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento
masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas
políticas demano dura.

Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con
las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de
sus resultados.

Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la
profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de
ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.3. Responsabilidad del Estado

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y
goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley
es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe
proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y
sancionarlos cuando corresponda.

Una adecuadapolítica criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la
prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia
penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley,
garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la
defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas
de encarcelamiento y de ejecuciónde la pena con sentido resocializador.

4. Una concepción integral de la seguridad

La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las
causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en
todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la
prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vidadignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral
que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y
complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las
áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera
igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de
modo de noprofundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad,
el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de
diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La
producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del
Estado.

5. Gestión democrática de las instituciones de seguridad

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