Constitucional

Actualmente existe consenso en que la investigación de los delitos, así como el ejercicio de la potestad punitiva del Estado debe ser respetuosa de los principios y valores que orientanun Estado democrático, así como de los derechos que la Constitución y los tratados reconocen. Sin embargo, esta aspiración no siempre cuenta con reconocimiento en nuestros países, pues enocasiones con la finalidad de enfrentar serios problemas que afectan el orden interno se debilitan los alcances de derechos tan esenciales como la libertad individual y el debido proceso,perdiéndose el equilibrio necesario entre los valores que atañen a la seguridad y el respeto de los derechos humanos.
Precisamente, uno de los temas que viene generando intenso debateconsiste en determinar cuándo se puede privar válidamente a una persona de su libertad para garantizar la seguridad ciudadana o para enfrentar serios problemas para la subsistencia de unEstado democrático como la lucha contra la subversión. Asimismo, resulta relevante examinar la manera cómo la vigencia de un debido proceso puede desvirtuarse, cuando se trata de enfrentar estetipo de situaciones permitiendo el juzgamiento de civiles por tribunales militares, incluso a través de una justicia “sin rostro", reduciendo los plazos procesales, y estableciendolimitaciones al ejercicio del derecho de defensa, entre otros aspectos.
De esta manera, en los momentos actuales se aprecia una constante tensión entre la necesidad de enfrentar la lucha contrael terrorismo y garantizar la seguridad
Al referirnos a la libertad individual que prohíbe toda detención arbitraria deben conjugarse dos intereses divergentes; por un lado, una demandade seguridad frente a la delincuencia y el consiguiente deber estatal de proporcionarla, y por otro, la vigencia de los derechos de las personas acusadas de la comisión de delitos.