Derecho Presupuestario

Primero tenemos un Proyecto de Reforma a la Constitución Política de Estado de Yucatán, de fecha 23 de diciembre del año de 1940, llevado a cabo por Don Manuel Crescencio Rejón, Pedro C. Pérez y Dario Escalante. En la cual se decretaba la relatividad de las sentencias de amparo en su área estadual, en su artículo 53 establecía que la resolución definitiva se limitaría a reparar el agravio en laparte en que hubiere sido violada la constitución local y en la exposición de motivos señalaron: “Así es que, aunque según el proyecto, se da al poder judicial el derecho de censurar la legislación, también se le obliga a ejercerlo de una manera obscura y en casos particulares, ocultando la importancia del ataque a las miras apasionadas de las fracciones. Sus sentencias pues, como dice muy bienToqueville, no tendrían por objeto más que el descargar el golpe sobre un interés personal, y la ley solo se encontrará ofendida por casualidad. De todos modos la ley así censurada no quedará destruida. Se disminuirá sí su fuerza moral, pero no se suspenderá su efecto material. Solo perecerá por fin poco a poco y con los golpes redoblados de la jurisprudencia, siendo además fácil de comprender que,encargando al interés particular promover la censura de las leyes, se enlazarán el proceso hecho a éstas con el que se siga a un hombre, y habrá de consiguiente seguridad de que la legislación no sufra el más leve detrimento, cuando no se le deje expuesta por este sistema a las agresiones diarias de los partidos. En fin multiplicándose por el medio referido los fallos contra las leyesinconstitucionales, se harán estas ineficaces, teniendo las cámaras por lo mismo que derogarlas, y sacándose de consiguiente la ventaja de conservar al código fundamental intacto, por un antemural el más fuerte que se ha levantado contra la tiranía de las asambleas legislativas”.
Es conocido el hecho de que el Proyecto de Otero, que fue incorporado con muy pequeñas modificaciones en el Acta de Reformas de1847, contenía disposiciones que en el Acta llevaron los numerales 22,23 y 24, según las cuales las leyes de los Estados que atacaren la Constitución o las Leyes generales serían declaradas nulas por el Congreso, mediante declaraciones que solo podrían iniciarse en la Cámara de Senadores; y además que si dentro de un mes de publicada una Ley del Congreso general, fuera reclamada comoanticonstitucional por el presidente, de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados o seis senadores, o tres legislaturas, la Suprema Corte, que debería recibir el reclamo, sometería la ley al examen de las legislaturas, las que dentro de los tres meses siguientes, y precisamente en un mismo día darían su voto. La propia Suprema Corte recabaría la votación, y si la mayoría de las legislaturas así loresolviere quedaría anulada la ley. Finalmente, el artículo 24 del Acta obligaba, para el caso de declaración de invalidez de una ley, a que se insertara en la decisión final la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley general a la cual se opusiere la primera. Se advierte que en el sistema de Otero, fuertemente influenciado por el precedente de Rejón, no hacía la menor reflexiónrespecto al hecho de que un acto legislativo tiene una profunda y radical diferencia con los actos del ejecutivo o del mismo judicial: la ley es general y abstracta y en cambio los actos administrativos y judiciales son concretos y particulares. Por lo tanto aparentemente no hay reflexión ni examen específico alguno respecto a la razón por la cual el principio de la relatividad se atribuye tanto a lasleyes como a los demás actos de autoridad, porque pareciera no advertirse la profunda diferencia esencial entre éstos dos grupos de conductas de la autoridad que en un momento dado se aprecian o se alegan como inconstitucionales.
Sin embargo, hay algo que sí aparece claro en el pensamiento de Otero, que después se acoge por el Constituyente que aprueba el Acta de Reformas: a su excelente criterio...