Derechos humanos y personas piv de libertad

El sistema penitenciario y la situación de las cárceles,
en particular, están en crisis desde hace años. Desde
los distintos poderes del Estado ha existido preocupación,
y los órganos de los tratados así como la Relatoría sobre
los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
han indicado al Estado la necesidad de medidaseficaces para
mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad.
El hacinamiento y las inhumanas condiciones en que viven las
personas privadas de libertad, la insuficiencia de recursos para
la rehabilitación y la reinserción laboral, y la aplicación de regímenes
de castigo contrarios a los estándares internacionales
que protegen a esta población, son ejemplos de las principalesvulneraciones de derechos de las que son objeto.
La decisión de construir nuevos establecimientos carcelarios y
mejorar las condiciones de los y las reclusos/as en las existentes
es muestra de la decisión de abordar el problema. Sin embargo,
esto no agota la crisis. La política criminal carcelaria, consecuencia
de una lógica penal persecutoria que castiga preferentemente
los ilícitos conprivación de libertad, está a la base del pro-
blema. Chile es el segundo país de la región con más población
carcelaria, después de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, se requiere revisar la actual política de seguridad ciudadana, de

manera de promover la adopción de mecanismos distintos al encierro en la perspectiva de la rehabilitación y reinserción social y económica de las personas privadasde libertad.

La convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
crueles, inhumanos o degradantes, las reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos252, los Principios básicos para
el tratamiento de los reclusos253 y el conjunto de Principios
para la protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión254, son algunos de
los instrumentosinternacionales de Naciones unidas en los
que se establecen derechos y garantías que resultan aplicables
a las personas que se encuentran privadas de libertad.
En el Sistema interamericano de derechos humanos, además
de la convención Americana sobre derechos Humanos y
la convención interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, se cuenta con los Principios y Buenas Prácticas sobre
la Protección delas Personas Privadas de Libertad en
las Américas255. Este último instrumento se refiere al trato
humano que deben recibir las personas privadas de libertad,
e indica que “será tratada humanamente, con irrestricto
respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías
fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos (…) se les respetará ygarantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones
mínimas que sean compatibles con su dignidad. Se les
protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución,
desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos,
intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos
que tengan comofinalidad anular la personalidad o disminuir
la capacidad física o mental de la persona” (Principio i).
Las personas que se encuentran privadas de libertad son
iguales ante la ley “y tendrá(n) derecho a igual protección de la
ley y de los tribunales de justicia (…) a conservar sus garantías
fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquellos
cuyo ejercicio esté limitado orestringido temporalmente, por
disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de
personas privadas de libertad” (Principio ii).

Según el centro de derechos Humanos de la universidad
diego Portales, “la capacidad del sistema penitenciario es de
31.576 personas, lo que arroja un 55% de sobrepoblación: más
de 17.000 personas fuera de la capacidad real. Según Gendarmería
de Chile,...