Desahucios
el producto de inevitables leyes naturales
Lo que está en marcha es una operación deliberada para convertir nuestras ciudades en espacios
uniformizados, desiguales y excluyentes
Resistir a este proceso y a la criminalización de la protesta que genera exige, hoy más que nunca, defender el derecho a la ciudad y hacerlo resonar en las calles y en las urnas
Hace unos días, el Consejo General del Poder Judicial vino a certificar uno de los rostros más
duros del despojo masivo que ha generado la crisis. Según el órgano de gobierno de los jueces,
entre julio y septiembre de este año se produjeron 13.341 desahucios, un 7,3% más que en el mismo período de 2013. De este total, que incluye todo tipo de inmuebles, un 43,4% se derivó de
ejecuciones hipotecarias. Un 51,3%, en cambio, se produjo por impagos de alquiler.
Ninguno de estos fenómenos es un mal divino o el producto de inevitables leyes naturales.
Obedecen a decisiones políticas concretas, orientadas de manera deliberada a favorecer a los grandes poderes financieros e inmobiliarios. El aumento exponencial de los desahucios por
impago del alquiler, por ejemplo, resultaría inexplicable sin la aprobación, ahora hace un año, de
una ley eufemísticamente denominada “de flexibilización y fomento del mercado del alquiler”.
Aquella norma, que contaba con el antecedente de una legislación similar apoyada por el PSOE, se impulsó con la excusa de “dinamizar el mercado de alquiler”. No obstante, su objetivo era
otro: debilitar la posición ya precaria de los inquilinos, criminalizar los impagos por razones de
necesidad y facilitar los desahucios exprés. La ley no hacía ninguna mención a las familias que
con motivo de la crisis carecían de toda posibilidad material de pagar el alquiler. En cambio,
preparaba una cómoda pista de aterrizaje para los grandes inversores de capital, a los que se ofrecía importantes exenciones fiscales.
Este fenómeno coincidió con otros que facilitaron la privatización del parque de viviendas
disponibles y la condena a la precariedad residencial de miles de familias. En poco tiempo, miles
de viviendas particulares y públicas en manos de comunidades y ayuntamientos pasaron a manos de fondos buitre como Apollo, Goldman Sachs, TGP, Värde, Blackstone o Lazora. Obsesionados
por la búsqueda de dinero rápido a cualquier precio, estos fondos no han mostrado compasión
alguna por las condiciones económicas de los inquilinos. Así, han acabado condenando a la
intemperie a miles de personas y familias que no podían hacer frente al pago del alquiler o de sus
suministros básicos. Y cuando desde algunas comunidades autónomas se ha intentado adoptar medidas tímidas para compensar esta situación, el Gobierno del PP no ha tardado en ponerse de
lado de las grandes empresas y en instar su suspensión ante el Tribunal Constitucional, como ha
ocurrido con la ley de vivienda andaluza o con el decretoley catalán contra la pobreza
energética.
Lo cierto, sin embargo, es que estas políticas no solo están suponiendo la desposesión planificada de familias enteras que no pueden satisfacer sus necesidades elementales. También están
cambiando la fisonomía de nuestras ciudades, convirtiéndolas en espacios uniformizados,
desiguales y excluyentes. Por cada desahucio de una unidad familiar modesta se genera una
nueva vivienda vacía, expuesta a la especulación, o la llegada de inquilinos con una capacidad adquisitiva que acaba encareciendo las condiciones de vida de los propios barrios afectados. Este
proceso, en realidad, va más allá de algunos casos extremos y desesperados. El Partido Popular,
por ejemplo, ya ha dejado clara su voluntad de no prorrogar, más allá del próximo 31 de
diciembre, los contratos de “renta antigua” de personas jurídicas contemplados en la actual Ley ...
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