El derecho en el siglo xxi

PERÚ BAGUA: HAY PROMESA DE CELEBRAR CONSULTAS, FALTA QUE SE HAGA JUSTICIA
Hace un año, el 5 de junio de 2009, Perú fue testigo de las trágicas consecuencias de no tener en cuenta las reclamaciones de su población indígena. Un total de 33 personas murieron en la carretera a Bagua y en la Estación Nº 6 de la empresa petrolera estatal Petroperú. Además, al menos otras 200 personas resultaronheridas durante la intervención policial que pretendía poner fin a la protesta de miles de indígenas en una carretera cerca de Bagua, en el norte de Perú.1 De las 33 víctimas mortales, 23 eran agentes de policía, 5 eran vecinos de la zona y 5 eran indígenas. Hasta la fecha continúa sin conocerse el paradero de un agente de policía. Los indígenas protestaban contra una serie de decretos legislativos quepodían tener consecuencias sobre sus derechos y que habían sido promulgados en 2008 sin consultarles ni contar con su participación, lo que supuso una clara violación de su derecho a ser consultados de buena fe antes de la adopción e implementación de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Indudablemente, los decretos legislativos sobre el uso de la tierra y los recursospromulgados en 2008 afectarían a sus tierras ancestrales, incluida la región de la Amazonía. Cuando protestaron por estos decretos legislativos y exigieron que se respetase su derecho a ser consultados, los pueblos indígenas no sólo no fueron escuchados sino que, como consecuencia directa de sus protestas del 5 de junio de 2009, fueron sometidos a malos tratos y tortura, detención arbitraria y, enalgunos casos, homicidio. Un mes después de los hechos, una delegación de Amnistía Internacional viajó a Bagua para entrevistar a víctimas, testigos y familias de las personas muertas. En aquel momento, Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que se habían cometido graves actos de violencia y violaciones de derechos humanos, y que aquellos trágicos sucesos habían sido el resultado previsibley evitable de la continua falta de cumplimiento, por parte de las autoridades peruanas, de normas internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos documentos jurídicos protegen a los pueblos indígenas contra el despojo de sus tierras y recursos en nombre deldesarrollo, y han sido adoptados precisamente con la finalidad de evitar la pérdida de vidas y medios de subsistencia de los indígenas y para garantizar que estos pueblos pueden disfrutar de todos los derechos humanos indispensables para vivir con dignidad, sin discriminación alguna. Después de los trágicos sucesos del 5 de junio de 2009, Amnistía Internacional instó a las autoridades peruanas a quellevasen a cabo urgentemente una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que culminase con el procesamiento de los responsables de los abusos contra los derechos humanos cometidos aquel día y el ofrecimiento de una reparación a las víctimas de la violencia. Amnistía

Índice: AMR 46/010/2010

Amnistía Internacional, junio de 2010

Internacional también instó a las autoridadesperuanas a que tomasen todas las medidas necesarias para garantizar que en el futuro se respetaría el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, a las tierras y los recursos, y a no sufrir discriminación. Transcurrido un año, Amnistía Internacional reconoce que se han registrado algunas novedades positivas. Sin embargo, las autoridades peruanas deben tomar másmedidas para mostrar que se comprometen plenamente a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas de Perú. En mayo de 2010, el Congreso aprobó la Ley de Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas u Originarios, un avance que Amnistía Internacional considera fundamental y que podría, si se aplica adecuadamente y de buena fe, prevenir nuevas protestas como las de...