el precedente

Sentencia C-312/02

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN FUNCIONES O FACULTADES A ORGANOS DEL ESTADO-Sujeción a la Constitución

La potestad de configuración legislativa del Congreso para asignar funciones y facultades a los diversos órganos del Estado presupone una sujeción a ciertos parámetros básicos de tal forma que estas facultades que el legislador ha asignado en la ley no resultenincompatibles con la Carta. De tal modo, la actividad legislativa tiene un límite sustentado en la necesidad de garantizar que con el otorgamiento legal de una facultad a un órgano estatal no se pongan en riesgo aquellos bienes jurídico constitucionales de carácter dogmático que están involucrados en su ejercicio, como pueden serlo el debido proceso o la presunción de inocencia; y otro límite–que a veces coincide con el anterior-, sustentado en la necesidad de preservar aquellos preceptos constitucionales de carácter orgánico que se refieren directa o indirectamente al tipo de órgano al cual el legislador le asigna la respectiva función, como pueden serlo la imparcialidad o el principio de legalidad en la actividad judicial.

POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO-Colaboración de las diversasramas

El ejercicio del poder punitivo del Estado requiere la colaboración de las diversas ramas del poder público. El ejecutivo participa en la elaboración de una política criminal, asesorando al Congreso para su adopción legal. El Congreso, a su vez, establece la política criminal del Estado, y señala –entre otras- las sanciones imponibles a las personas que incurren en determinadasconductas. Las diversas consideraciones que entran en juego en el establecimiento de la dosimetría penal son reflejadas en la fijación legislativa de penas máximas y mínimas dentro de las cuales el juez -con base en ciertos criterios- impone la pena, una vez establecido que la conducta lo amerita. Al hacerlo, el juez penal está aplicando materialmente un aspecto puntual de la política criminal, tal comoésta fue definida por el legislador en la ley. Sin embargo, la labor del Estado de ejecutar una política criminal no termina en la imposición de la pena por parte del juez. Por el contrario, esta política se materializa también durante todo el período en el cual la pena se está cumpliendo.

POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO-Justificación constitucional/PENA-Necesidad y utilidad/PENA-Ultima ratioLa potestad punitiva del Estado, así como su política criminal y las restricciones de los derechos fundamentales inherentes a su ejercicio, están justificados constitucionalmente por la necesidad de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y para “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. A través del derecho penalel Estado brinda una protección subsidiaria frente a ciertas agresiones a determinados bienes jurídicos o valores constitucionales, mediante la imposición de penas, cuando estima que es necesario acudir a este mecanismo para brindarles una protección eficaz. Sin embargo, el principio de necesidad lleva a suponer que si la pena es la última ratio de la actividad estatal, este instrumento deprotección debe ser útil. De lo contrario, sería suficiente con acudir a otros tipos de instrumentos jurídicos e incluso de sanciones no tan drásticas como la pena.

PENA-Justificación y proporcionalidad/PENA-Proporcionalidad de tiempo y condiciones

Dentro de un sistema jurídico estructurado a partir de la dignidad del individuo, la pena es un mecanismo utilitarista de naturaleza excepcional, que sejustifica en la necesidad de lograr determinado objetivo u objetivos, los cuales difieren dependiendo del énfasis teórico que adopte la política criminal del Estado. Por otra parte, teniendo en cuenta que es un mecanismo que implica importantes restricciones de ciertos derechos fundamentales, la pena debe ser proporcional aun cuando sea necesaria para proteger ciertos bienes jurídicos o...