Estimilo Educativo

Estímulo educativo: la correcta hermenéutica gramatical y teleológica del adelantamiento de los plazos de la progresividad penitenciaria


“Todo esto parte de la propia letra del artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que debe considerarse a las cárceles no sólo como penitenciarías, sino como sitios donde los detenidos puedan aprender a entenderse a sí mismos y al mundo. Darle impulso ala educación en las cárceles es un requisito para el éxito de la reintegración social de los detenidos y una contribución al desarrollo real y sostenible de la sociedad que la pone en práctica” (Diputada Nacional, Profesora Adriana Puiggros, Orden del Día Nº 1265, Sesión Ordinaria del 16 de marzo de 2011).
El 24 de agosto de 2011 fue promulgada de hecho la ley nº 26.695, publicada en el BoletínOficial el 29 de agosto siguiente. Sustituyó los artículos 133 a 142 del capítulo octavo, titulado “educación” de la ley nº 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad.
Nuevamente debe saludarse como positiva una reforma normativa que logra sortear la irracionalidad y evita caer en la crueldad que ha caracterizado a las anteriores modificaciones introducidas a la ley 24.660 y al CódigoPenal y suministra instrumentos para remediar situaciones injustas[1].
Las modificaciones introducidas no han sido menores. La reforma avanza en cuatro direcciones:
1) el fortalecimiento al reconocimiento del derecho de las personas privadas de su libertad a la educación, ya previsto en la ley anterior, pero ahora con especial énfasis en la obligación de la gestión pública educativade proveer lo necesario para garantizarlo;
2) la instauración de la obligatoriedad de completar la escolaridad para los internos que no hayan cumplido con la escolaridad mínima establecida por la ley;
3) la creación de un régimen de estímulo para los internos que contribuya a promover su educación, y
4) el establecimiento de un mecanismo de fiscalización dela gestión educativa.

Los aspectos positivos de la reforma:
El texto original del art. 133 de la ley 24.660[2] en su momento importó un avance sustancial respecto de la regulación anterior, que preveía mejorar la educación e instrucción de los condenados pero como parte del sometimiento al tratamiento penitenciario que ellos estaban obligados a acatar en su integridad[3]. Nada se decía de losprocesados, que constituyeron la parte principal de la población carcelaria argentina a lo largo de todo el siglo XX y también son la mayor parte de la actual.

Disponía el texto ahora modificado que: “desde su ingreso se asegurará al interno el ejercicio de su derecho de aprender, adoptándose las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción”.
Claramenteaventajaba a la concepción legal anterior al asegurar, desde entonces, el ejercicio del derecho de aprender a los internos, es decir, tanto a los condenados como a los procesados[4], obligando al Estado y no ya a los propios internos a sufragar la mejoría de su educación e instrucción.
Esta disposición concordaba con lo previsto en el art. 5 de la ley 24.660, que no incluye a la educación entre losaspectos obligatorios del tratamiento, sino entre los voluntarios.
Pero también con lo previsto en el art. 101 de la misma ley, que indica que la calificación de concepto se entenderá como la ponderación de la evolución personal (del condenado) de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de reinserción social.
Esta concepción de la calificación de concepto es muy distinta, en mi opinión,a la que anteriormente contenía la ley, que partía de las manifestaciones de la conducta del condenado, para deducir de ellas “su carácter, tendencia, moralidad o demás cualidades personales, con objeto de formular un juicio sobre el grado de recuperación alcanzado”[5].
Hoy no se trata de practicar ningún juicio sobre las tendencias de la personalidad de nadie o sobre su moralidad o cualidades...