Impugnación de decisiones

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IMPUGNACIÓN DE DECISIONES DEL ORGANO SOCIAL MAXIMO EN DESARROLLO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

LEY 446 DE 1998

La Constitución Política de Colombia en su artículo 116 prevé que de forma excepcional la Ley atribuye funciones jurisdiccionales a ciertas autoridades, es así que el legislador ha ampliado la competencia de las Superintendencias y les haatribuido función jurisdiccional. Respecto a la función jurisdiccional de reconocimiento de impugnación de decisiones del órgano social máximo, la ley 446 de 1998 en su artículo 137 establece:

ARTICULO 137. COMPETENCIA. La impugnación de actos o decisiones de Asamblea de Accionistas o Juntas de Socios y de Juntas Directivas de Sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, podrántramitarse mediante el proceso verbal sumario ante dicha Superintendencia.

Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia exclusiva del Juez

Esta función le da entonces, facultad a la Superintendencia para dejar sin efectos los actos del órgano máximo social. Esta acción solo se ejercerespecto de sociedades vigiladas por la superintendencia; la entidad en desarrollo de esta función jurisdiccional no puede condenar al pago de perjuicios que se ocasionen como consecuencia del acto que se impugne; esto será de competencia exclusiva del Juez Civil.

La ley 446 dispone que se aplicará el proceso verbal sumario al proceso de impugnación. En lo demás se aplicara lo previsto en el Códigode Procedimiento Civil

Muchos han sido los conceptos y fallos respecto a esta función de la Superintendencia.

 La Corte Constitucional ha concluido en la Sentencia C-378/08:

Las decisiones adoptadas en el contexto de una asamblea de socios o de una junta directiva han de cumplir con un conjunto de requisitos legales a fin de producir plenos efectos jurídicos. No observar talesexigencias, puede traer consigo la ineficacia, la nulidad relativa o absoluta y la no oponibilidad de las actuaciones. De ahí que la cautela legal contenida en el artículo 194 demandado según la cual las acciones de impugnación consignadas en las normas citadas habrán de ser ventiladas ante las autoridades judiciales estatales, así se haya pactado previamente cláusula compromisoria, adquiere un sentidoespecífico cual es evitar que las partes de un contrato sometan a transacción aquellos asuntos ligados con la presencia de defectos que cuestionan la validez o la legitimidad de las actuaciones por ellas suscritas. Esta previsión legal se encamina a proteger objetivos tales como la garantía de igual acceso a la administración de justicia de los ciudadanos y las ciudadanas quienes tienen el derechode controvertir la validez y legitimidad de decisiones societarias. Resulta preciso recordar que en virtud de lo establecido por el artículo 137 de la Ley 446 del 14 de julio de 1998, la Superintendencia de Sociedades tiene competencia para conocer de la impugnación de actos o decisiones de Asamblea de Accionistas o Junta de Socios y de Juntas Directivas, en su caso, de las sociedades vigiladaspor esa misma entidad, mediante un proceso verbal sumario, precepto que fue examinado por la Corte Constitucional y declarado exequible por los cargos analizados mediante sentencia C-672 de 1999 y también declarado ajustado a la Constitución respecto de los reproches formulados con fundamento en la sentencia C-833 de 2006.

La cautela legal contenida en el precepto acusado persigue un fin deinterés público cual es asegurar a los socios que las diferencias existentes respecto de la validez o legitimidad de las actuaciones que los vinculan, sean de conocimiento de las autoridades judiciales estatales. Dada la trascendencia de las cuestiones en juego – la validez o legitimidad de los actos societarios – ha de garantizarse que las discrepancias al respecto no sean decididas de manera ad hoc...
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