Las huellas de los paramilitares

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La mañana del martes 12 de octubre 11 policías de Sinaloa fueron atacados a tiros mientras patrullaban por una carretera a las afueras de Culiacán.
Ocho murieron y tres resultaron heridos. Al día siguiente, en Chihuahua, el jefe de custodios de la penitenciaría local y sus cinco escoltas fueron asesinados minutos después de concluir labores.
Ninguna autoridad ha relacionado un hecho con elotro, pero el único vínculo probable encamina por vez primera a uno de los poderes del Estado a reconocer lo que hasta hoy ha negado el gobierno federal: la participación de grupos paramilitares en la guerra contra el narco.
En septiembre, el Senado solicitó formalmente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) informes detallados sobre la existencia de estos grupos, a quienes llamó“escuadrones de la muerte”, porque los señala como responsables de un gran porcentaje de los 28 mil asesinatos oficialmente reconocidos en esta guerra, así como de miles de desapariciones forzadas.
“Estos grupos actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano”, sostiene Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) yuno de los principales promotores de la solicitud de informes al Cisen. Considera que miles de soldados y oficiales desertores del Ejército y policías despedidos por corruptos conforman estos grupos. Se trata, dice el senador, “de paramilitares adiestrados”.
Hace un año, Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, sacudió al país cuando dio a conocer en su toma de posesión elasesinato de Héctor Saldaña Perales, El Negro, presunto narcotraficante y extorsionador que asolaba a empresarios locales. Lo extraordinario es que se anticipó a la identificación oficial que haría horas más tarde la Procuraduría del Distrito Federal, donde fue hallado el cuerpo. En ese mismo discurso el munícipe anunció la formación de un “grupo rudo”, coordinado por su gobierno, para enfrentarcriminales de altos vuelos como Saldaña.
De acuerdo con Monreal Ávila, que gobernó Zacatecas entre 1998 y 2004, el episodio resume la realidad del país.
“Ese alcalde no es el único (en emplear paramilitares). Los gobernadores tienen grupos de exterminio, grupos de ‘limpieza’ que adiestran y seleccionan como grupos de élite, y que actúan fuera de la ley. Hasta ahora el Senado está reconociendo suexistencia y estamos a la espera de la información oficial. Sería kafkiano que digan que no existen”.
El creciente número de asesinatos, secuestros y extorsiones ha llevado igualmente a empresarios a contratar este tipo de grupos, reitera Monreal.
El senador asegura tener informes de que ello ocurre en ciudades industrializadas de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Lo que vuelve más sangrientoel panorama es que “la delincuencia organizada o parte de ella es protegida” por las autoridades. Sus informes los reservará hasta obtener la versión del gobierno federal, pero no explica el motivo de su decisión.
Antes que los senadores recurrieran al Cisen, organismos civiles de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero documentaron por añosoperaciones de grupos paramilitares.
Cronología del exterminio
A comienzos de la década de 1990, el abogado Miguel Ángel García Leyva y otros ciudadanos constituyeron en Sinaloa el Frente Contra la Impunidad. Durante 10 años reunieron evidencia sobre la actividad de “escuadrones de la muerte, causantes de miles de secuestros y homicidios en la entidad”. Eran grupos conformados por policías o militares.“La participación de estos escuadrones es pública no sólo en Sinaloa, sino en todo el país”, declara. “Operan vistiendo uniformes, patrullas, armamento, identificaciones y claves igualitos a los de las fuerzas del Estado”.
En 2001, García cambió su residencia a Baja California. Allí consolidó la Asociación Esperanza con familiares de personas desaparecidas. En nueve años la agrupación lleva...
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