Penitenciarias
El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos [...] El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico...
Art. 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Los cambios más importantes registrados en el lapso pasado, respecto a las características de la situación penitenciaria en Venezuela, se mantuvieron a septiembre de 2001. En líneas generales, la población reclusa se mantuvo estable, después del drástico descenso de 38% registrado en el año 2000, y conservó una proporción de un mayor número de reclusos penados (58%), con relación a la población de procesados (42%), para un total de reclusos a julio de 2001 de 16.7511. Asimismo, también destacan favorablemente en el período la disminución de los muertos y heridos en centros de reclusión, y el considerable aumento en la matrícula estudiantil de reclusos. Con relación a las víctimas de la violencia dentro de los centros de reclusión, se mantuvo la tendencia de disminución observada desde el año 1999. Así, durante el primer semestre del año 2001, 110 reclusos murieron y 698 resultaron heridos en enfrentamientos violentos. Aunque la cifra sigue siendo alta y coloca en entredicho el cumplimiento de la responsabilidad del Estado venezolano de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, que están bajo su custodia, la misma refleja un descenso del 30% en los decesos y del 5% en los heridos, en comparación con las víctimas registradas para el mismo período, en el año 2000. Por otro lado, mientras que en 1999, según cifras oficiales, los reclusos que cursaron estudios, que van desde la alfabetización hasta la educación superior, representaron el 19% del total de la población reclusa para la fecha; en el año 2000, la matrícula aumentó a 7.060 alumnos, lo que representa el 47% del total de la población reclusa. Entre los aciertos del Ejecutivo en este lapso, sobresale el inicio de la ejecución del Proyecto "Reinserción Social de Delincuente y el Menor Trasgresor", a través del convenio celebrado entre la Comunidad Europea y el Estado venezolano. Este proyecto dispone de recursos por el orden de los 11.660.000 euros, con participación de ambos actores. Para su ejecución fueron seleccionados centros, para adultos y para niños y adolescentes, de tres estados (Miranda, Lara y Zulia), y se espera beneficiar a tres mil internos, aproximadamente. Tal como explicó el codirector venezolano "el proyecto es en defensa de los derechos humanos y contempla tres
aspectos fundamentales: primero, formación de internos y funcionarios; segundo, remodelación de infraestructuras; y tercero, dotación de equipamientos"2.
Junto a estos avances, aún persisten en la mayoría de los centros de reclusión condiciones adversas y contrarias al respeto de la dignidad de las personas privadas de libertad, que enfrentan un proceso o cumplen una condena; adversidades que pueden ir desde albergues que no cuentan con suministro de agua potable regular, ni con un sistema de cloacas, hasta directores de centros de reclusión que justifican el maltrato a los reclusos como una forma de disciplina y resguardo de la seguridad, tal como lo documenta uno de los casos de violación a la integridad personal reseñados en este Capítulo. Al respecto, la actuación del Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), registra algunos aciertos; que sin embargo no se inscriben dentro de una política penitenciaria que apunte a garantizar su impacto a mediano y largo plazo. El análisis de la información que maneja y procesa el Ejecutivo sobre las cárceles; así como la ...
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