Sentencias

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO
JORNADA (SABADO)

DRA. FATIMA VERONICA QUINTERO



ALUMNO

CESAR RAMIRO CARDENAS
CC: 80101806

CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS
BOGOTA DC
11 de marzo de 2012

Sentencia C-875/11

1) NORMA ACUSADA

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código deProcedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., veintidós (22) de noviembre dos mil once (2011).
Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta uomisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia , en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no sedeciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.
La sanción decretadapor acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria.”
ÁNALISIS DE LA DEMANDA
El ciudadano Francisco Javier Lara Sabogal considera que el aparte demandado del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, vulnera lo dispuesto por los artículos 2, 29, 92 y 209 de la Constitución Política, porque hace ineficaz el derecho de la administración a cumplirlos fines del Estado, su derecho al debido proceso, el derecho que tiene toda persona a solicitar al Estado que imponga las sanciones penales y administrativas, como los principios que rigen la función pública. En términos generales, argumenta que la demora de un funcionario para resolver un recurso no puede beneficiar al particular sancionado. No es razonable que el incumplimiento de un plazoinvalide actuaciones de la administración, favoreciendo, en muchos casos, la impunidad y enervando la función sancionatoria de la administración. Como fundamento de su pretensión indica que:
El aparte cuestionado vulnera el artículo 29 de la Constitución Política, porque limita y hace ineficaz el derecho de la administración a gozar de un debido proceso, al consagrar un término en el que deja deser competente para tomar una decisión. En ese sentido, hace mención a decisiones de la Corte en materia penal en las que se ha dicho que el simple paso del tiempo no es suficiente para enervar la acción estatal.
El precepto acusado contraría el artículo 92 de la Carta, por cuanto el simple transcurso del tiempo permite a una autoridad o a un particular que ha infringido la ley, obtener un favorpor la ausencia de pronunciamiento del Estado. Se debe castigar al funcionario que no cumple con su deber sin afectar el interés público que está inmerso en la actividad sancionatoria del Estado. Agrega que éste es un mecanismo que busca restaurar los derechos de la administración, los cuales deben ser analizados bajo el principio constitucional de la legalidad, el cual no puede ser desconocido porla tardía y negligente función de un servidor.
Por último, señala que la norma debe declarase inexequible por violar fines constitucionales consagrados en el artículo 2, por cuanto las autoridades administrativas tienen la obligación de asegurar la vigencia de un orden justo, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución, para lo cual deben asegurarse de que todas sus actuaciones se...