servicios publicos derecho administrativo

La norma fundamental que consagra esta especial jurisdicción en Venezuela, se encuentra contenida en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum popular el 15 de diciembre de 1999, (antes artículo 206 de la Constitución de 1961), cuyo texto es el siguiente:   Servicio público:  Es el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a laórbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a ... Se entiende por servicio público, en sentido orgánico, la creación de una dependencia administrativa dentro de la estructura del Estado o de la administración pública para satisfacer determinadas necesidades de interés colectivo o público. .. Artículo 259. “La jurisdicción contencioso administrativa corresponde alTribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para (…)conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.”.       . EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DELOS SERVICIOS PÚBLICOS.   La única innovación de la Constitución de 1999 en materia contencioso-administrativa en relación con lo que estaba regulado en la Constitución de 1961 (Art. 206), ha sido el agregado al artículo 259, dentro de las competencias de la jurisdicción contencioso-administrativa, del conocimiento de los “reclamos por la prestación de servicios públicos”. Y  la acción de amparoconstitucional puede fungir como instrumento idóneo para tales fines en casos de concesiones, para controlar la protección de los servicios públicos, procurando su correcto funcionamiento, la erradicación de la arbitrariedad, o la desviaciones de poder, señalando que “lo ideal es que muchas de estas fallas se ventilen mediante un contencioso de los servicios públicos.”.   En relación con el recursode reclamo por la prestación de servicios públicos, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la misma sentencia señaló que la legitimación activa corresponde a “cualquier ciudadano que demuestre, aun un simple interés” (Art. 26 Constitucional); y además, a la Defensoría del Pueblo conforme con el artículo 281,2º de la Constitución de la República, el cual dispone que es atribución delDefensor del Pueblo:   Artículo 281. “Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:   (…Omissis…)   2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuereprocedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos”    Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1.556, de fecha 8 de diciembre de 2000, Exp. Nº 00-1.339, caso: Gilda Giamundo contra Puertos del Litoral CentralP.L.C., S.A., señaló que ante la ausencia de mecanismos inmediatos para la reclamación de los servicios públicos prestados mediante concesión, la acción de amparo constitucional puede fungir como instrumento idóneo para tales fines en casos de concesiones, para controlar la protección de los servicios públicos, procurando su correcto funcionamiento, la erradicación de la arbitrariedad, o ladesviaciones de poder, señalando que “lo ideal es que muchas de estas fallas se ventilen mediante un contencioso de los servicios públicos.”.   “…En materia de servicios públicos, como en el caso de autos, nacen derechos derivados de la concesión, de su contexto, los cuales se incumplen y no fundamentan una acción de amparo constitucional, pero cuando el abuso de esos derechos vacía el contenido de...