Sociologia

Los desafíos de la Sociedad Civil organizada ante la realización de convenios con el Estado para la implementación de políticas sociales

Silvia Rivero[1]

Esta ponencia se focaliza en la discusión acerca de los problemas y desafíos que afronta la sociedad civil ante las nuevas formas de implementación de políticas sociales. Este análisis forma parte de la investigación: “ARTICULACIÓN DE LOSPROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA EN LAS NUEVAS FORMAS DE RELACIÓN SOCIEDAD CIVIL – ESTADO: EL CASO DEL PLAN CAIF”, financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), Universidad de la República – Uruguay.

Las nuevas formas de implementación de las políticas sociales
Como consecuencia de la crisis del modelo clásico de bienestar surge como una alternativasustitutiva de protección, el llamado Estado Liberal Social. Según Midaglia (2000: 18 y ss) esta no es una propuesta uniforme, sin embargo, supone en líneas generales la reasignación de recursos públicos para atender la situación de grupos sociales específicos en situación de pobreza o de exclusión social.
Estos procesos de reforma promueven la idea de resurgimiento de una sociedad civilsolidaria y comprometida en el campo de lo social. En este contexto las asociaciones civiles adquieren un nuevo status público, ya que son reconocidas y valoradas en términos de encargarse de la provisión de bienes sociales, en especial los dirigidos a poblaciones pobres o excluidas del mercado.
Para asumir estas funciones el Estado traspasa servicios y recursos financieros, posibilitando laconsolidación del llamado Tercer Sector, constituido por diversos tipos de instituciones sociales. Estas organizaciones filantrópicas se convierten, por un lado, en interlocutores válidos de la esfera pública, y por otro lado, en intermediarias de las necesidades de los sectores carenciados. De esta forma la responsabilidad social se distribuye en la sociedad, promoviendo la participación de nuevos actoresen la definición e instrumentación de políticas sociales específicas.
Esta nueva forma de relación Sociedad Civil – Estado se vislumbra, desde la perspectiva de los generadores de la propuesta de reforma, como una alternativa para enfrentar los graves problemas de fragmentación social de las sociedades contemporáneas.
En función de esto para Midaglia (2000:22 y 23) surgen, por lo menos, dosproblemas: uno referido a la racionalidad económica implícita en este contrato, y el otro relativo a la complejidad política e institucional que implica consolidar estas nuevas formas de prestación de servicios.
La sociedad civil organizada al asumir nuevas responsabilidades y funciones sociales tenderán a aumentar su especialización, a consolidar su estructura organizativa y a incorporar una seriede contralores institucionales en función de las regulaciones a las que deberán someterse. Al ingresar en esta relación con el Estado deberán, entonces, pasar de una forma de funcionamiento independiente a otra que implica rendiciones de cuentas y negociaciones con las contrapartes estatales, poniendo en peligro su propia autonomía de acción y el trabajo social creativo propio de su perfil.
Sila implementación de este contrato se guía únicamente por criterios de restricción del gasto público o de abaratamiento de las políticas sociales, se corre el riesgo que estas políticas se transformen en el instrumento de recorte presupuestario. Esa estrategia sería de carácter asistencial apenas paliativa.
En cuanto a los aspectos políticos del contrato, surgen desafíos en cuanto a lasmodalidades en la regulación de los recursos que se traspasan del sector público y la calidad de las prestaciones sociales que se ofrecen, así como al producto o impacto social obtenido.
Por otro lado, cuando el Estado se asocia con el polo social surge el desafío acerca de su capacidad para instrumentar contralores mínimos que sirvan de incentivo para un adecuado desempeño de las funciones delegadas....