Una Sentencia

9VOTO SALVADO DR. JAIME SANTOS.

JUICIO No. 2012-0095

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- SEGUNDA SALA DE GARANTIAS PENALES.- Quito… de mayo del 2012, las…..- VISTOS: mediante sentencia dictada por el Tercero Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, el 29 de febrero de 2012, las 16h10, rechaza la acción de protección presentada por la Dra. Mercedes de los Ángeles Reyna Velasco yla Lic. María Mercedes Lizarzaburu Pástor, en sus calidades de Rectora del Colegio y Directora de Educación General Básica de la entidad educativa particular Colegio de América “María A. Carrillo de Mata M”, considerándolo improcedente al no haberse establecido la violación de algún derecho constitucional de las accionantes por parte de la Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitanode Quito, así como se ha justificado la existencia de otro mecanismo de defensa judicial; sentencia de la cual las accionantes, interponen recurso de apelación para ante el superior. Que encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer el recurso de apelación, de conformidad con el Art. 86 numeral 3 inciso segundo de laConstitución y Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. SEGUNDO.- El presente recurso se ha tramitado respetando el debido proceso y las garantías constitucionales, no se ha omitido solemnidades sustanciales que puedan influir en la decisión de la causa, razón por la que se declara su validez. TERCERO.- Las accionantes, deducen la presente acción de protección, alamparo de los dispuesto en los artículos 86 y 88 de la Constitución, en concordancia con los artículos 39 al 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, impugnando el Art. 2 de la Resolución No. 0023 de 31 de enero del 2012 suscrita por la Dra. Beatriz Caicedo Alarcón en su calidad de Subsecretaria del Distrito Metropolitano de Quito del Ministerio de Educación, enel que se les impone una sanción consistente en la suspensión indefinida de sus funciones, a consecuencia de la intervención por parte del Ministerio en dicho Colegio para garantizar la continuidad de las clases que habían sido suspendidas por el propio Ministerio, ante el cambio abrupto de la administración del mismo, dispuesto por orden del Juzgado Tercero de lo Civil de Pichincha, que provocóincidentes y una confrontación entre la nueva administradora del plantel, señora Marcia Brito, y el anterior administrador, señor Alfonso Arroyo. Fundamentan su acción expresando que la suspensión de sus funciones de Rectora y Directora de Educación Básica del Colegio de América, respectivamente, resuelta por la Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Beatriz CaicedoAlarcón, en el Art. 2 de la Resolución No. 0023 de 31 de enero del 2011, es una sanción que viola sus garantías constitucionales, especialmente, aquellas relacionadas con su derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, puntualmente del numeral 3 del Art. 76 de la Constitución que establece que toda sanción debe estar prevista en una ley y no como en el presente caso, en un simple AcuerdoMinisterial, además que toda sanción se la impondrá con observación del trámite propio de cada procedimiento; así como de los literales a), c), h) y l) del Art. 76 de la Constitución. Señalan finalmente que la acción de protección constitucional es procedente porque alegan que en su caso existiría la violación de garantías constitucionales, más aún cuando el propio Art. 142 de la Ley Orgánica deEducación determina que de las resoluciones emanadas, podrán interponerse los recursos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo, sin perjuicio de las acciones judiciales y constitucionales. CUARTO.- Los legitimados pasivos impugnan las alegaciones de las accionantes, fundamentados en lo siguiente: La Dra. Beatriz Caicedo Alarcón, en su calidad de Subsecretaria de Educación...