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Sentencia T-020/00

DERECHO AL TRABAJO-Ejercicio del comercio informal/ESPACIO PUBLICO-Preservación

El trabajo es un derecho y una obligación social que goza de la especial protección del Estado, y la Carta Política señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 334 Ibídem establece que el Estado intervendrá de manera especial para asegurarel pleno empleo y conseguir que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, todo lo cual se vería frustrado en la práctica si el derecho al trabajo pasara a segundo lugar respecto del espacio público y del necesario proceso de su recuperación. A la inversa, el objetivo de preservar el espacio público y de defenderlo contraquienes lo invaden es también de carácter constitucional, por lo que, puestos en confrontación en circunstancias concretas los dos conceptos, ambos obligatorios para las autoridades, no puede el uno ser sacrificado en aras del otro, y ambos deben recibir adecuado tratamiento administrativo y judicial.

PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA

La confianza legítima es un principio que, como lo hadestacado la Corte, deriva de los postulados constitucionales de seguridad jurídica, respeto al acto propio y buena fe, y busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que adopte la Administración, desconociendo antecedentes en los cuales aquél se fundó para continuar en el ejercicio de una actividad o en el reclamo de ciertas condiciones o reglas aplicables a surelación con las autoridades.

VENDEDOR ESTACIONARIO DISCAPACITADO-Protección y reubicación

No se presta a duda que, cuando la Administración decide despejar el espacio público, desplazando a vendedores ambulantes o estacionarios que derivan su sustento de actividades informales, surge un conflicto de derechos. Y, en caso de no haberse hallado solución administrativa -la que ha debidopropiciarse, evitando llegar a los procedimientos de desalojo sin previa reubicación de los afectados-, la controversia ha de ser resuelta por el juez de tutela en cada caso particular, previo el estudio de las circunstancias especiales en que se encuentra el solicitante, las que se relacionan no solamente con sus necesidades de trabajo sino con su estado -que puede requerir protección adicional, comoocurre con los minusválidos- y con la posesión de la autorización estatal, actual o pasada, para operar como comerciante informal en una determinada zona.

Referencia: expediente T-245137

Acción de tutela instaurada por Ivan Mancera Prieto contra la Alcaldía Menor de Santafé, Localidad Tercera.Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C. el veinticuatro (24) de enero de dos mil (2000).

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

en el proceso de revisión del fallo adoptado por el TribunalAdministrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por Ivan Mancera Prieto contra la Alcaldía Menor de Santafé, Localidad Tercera.

I. ANTECEDENTES

Ivan Mancera Prieto instauró acción de tutela contra la Administración Distrital de la capital de la República por violación de sus derechos al trabajo y a la digna subsistencia, los cuales, según la demanda,le fueron vulnerados a causa del desalojo de que fue objeto dentro del programa de recuperación del espacio publico.

En efecto, en su condición de discapacitado, derivaba su sustento del producido de la venta de mercancía que realizaba en la calle 15 Nº 8-71, la cual le generaba ganancias de por lo menos $250.000 mensuales.

Con el producto de la venta de sus mercancías, el actor pagaba...
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