Aceptacion de herencia

Aceptación de herencia de la Jurisdicción Voluntaria
Los actos de Jurisdicción Voluntaria se caracteriza por la ausencia de contradicción y, por tanto, el carácter no litigioso de los expedientes. Por ello, la resolución que se dicte no produce los efectos de "cosa juzgada", puesto que en muchos de los supuestos se prescindirá de la intervención judicial y, en los que intervenga lo harádesprovisto de su potestad jurisdiccional, ya que precisamente, en el momento en que se ejercite oposición por parte interesada, el expediente se tornará contencioso. La Jurisdicción Voluntaria no está encomendada solamente a los órganos titulares de la jurisdicción (los Tribunales), sino a otros funcionarios públicos: Notarios, Registradores, Cónsules y otros encargados de Registros públicos. Así pues,hay dos tipos de actos o negocios de Jurisdicción Voluntaria: los encomendados a los Jueces, y los encomendados a órganos no judiciales. En este artículos vamos a tratar de analizar someramente los primeros; es decir, los actos de Jurisdicción Voluntaria encomendados a los Jueces.
Asimismo, los artículos relativos a la conciliación (art. 11 de la LEC de 1881) y a la declaración de herederosabintestato (sección 2ª del Título IX del Libro II de la LEC 1881), pacíficamente considerada ésta como un expediente de jurisdicción voluntaria -pese a estar dichos preceptos formalmente encuadrados en la regulación de la jurisdicción contenciosa-, siguen vigentes en virtud de la excepción 2ª del mismo apartado, también "hasta la entrada en vigor de la nueva regulación de ambas materias en la Leysobre Jurisdicción Voluntaria".
Tampoco han sido objeto de modificación, para acomodarlas a tal posibilidad, las normas referidas a procedimientos de jurisdicción voluntaria dispersas en algunas leyes especiales, tales como la Ley y el Reglamento Hipotecario (por ejemplo, los expedientes de dominio) o la Ley y el Reglamento del Registro Civil.
Hubo un intento de aprobación de la Ley sobreJurisdicción Voluntaria con la aprobación del proyecto por el gobierno el día 20 de julio de 2006 que, según declaraba el mismo Consejo de Ministros, descargaría de trabajo a los jueces, haciendo recaer una parte de los expedientes en otros funcionarios especializados. En concreto, la normativa regularía los supuestos en los que se solicita la resolución de asuntos del derecho civil o mercantil en los que noexista un conflicto de intereses entre las partes. Con la aprobación de este proyecto, el Gobierno daba cumplimiento a un mandato introducido por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de 2000, que imponía la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre esta materia, pese a que el propio texto estableció el plazo de un año para su tramitación, como hemos apuntado anteriormente.
Sinembargo, el Gobierno anunció en el mes de octubre del año 2007 la retirada del proyecto de Ley sobre la Jurisdicción Voluntaria que hubiera debido debatirse para su aprobación definitiva en el pleno del Senado. En lugar de un año se han cumplido ocho y ahora la aprobación de esta necesaria Ley resulta que se ha dejado para mejor ocasión, como tantas otras cosas en materia de justicia, empezandopor la renovación del Consejo General del Poder Judicial, , o del Tribunal Constitucional, con el consiguiente deterioro de las instituciones constitucionales del Estado de derecho.
La competencia objetiva para conocer de estos actos la tienen los Jueces de Primera Instancia, según dispone el art. 85.2 de la LOPJ. Y la funcional, viene atribuida a la Audiencia Provincial respectiva, según el art.84.2 de la LOPJ.
En lo referente a la necesidad de contar con Procurador de los Tribunales y Abogado la Disposición Derogatoria Única de la LEC vigente ha dejado en vigor los números 1.º y 5.º del artículo 4 y los números 1.º y 3.º del artículo 10 de la LEC de 1881, por lo que hasta que no exista una nueva regulación podemos considerar que no es preceptiva la intervención del Procurador y sí...