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Autor : Dr. Enrique Guerrero Gonzálezf*
F/ru/o : El Proceso Administrativo Disciplinario aper-turado a ¡os Servidores Públicos Cesantes
Fuente: Actualidad Gubernamental, N° 3 - Enero 2009
Introducción
Ejercicio de la potestad sancionadora del Estado
3.
La carrera administrativa
La extinción de la cerrera administrativa
5.
Elprocedimiento administrativo disciplinario instaurado contra un servidor público cesante: ¿Persecución o acto de justicia?
6. Posibilidad de iniciar un proceso judicial por indemnización por daños y perjuicios
En la edición anterior, analizamos el procedimiento administrativo disciplinario aperturado contra el personal de la administración pública. Siguiendo con el orden, hemos querido aprovechar íaoportunidad para analizar Sa potestad de aperturar un procedimiento disciplinario en contra del personal público en condición de cesantía. el cual a nuestro criterio; no obstante, tener por objeto impedir la impunidad de faltas o infracciones de naturaleza disciplinaria en el sector público, en saivaguaraa de intereses públicos, tendría una imposibilidad jurídica conforme veremos en el presenteinforme.
Es común leer en la separata de normas legales del Diario Ofidal"E,¡ Peruano", resoluciones expedidas por las máximas autoridades administrativas, i través de ias cuales se
¿bógate- íSGKMoeniíú en Cerería - Derecho aai Trabajo vde la Segütídei! Sacie - UWMSM. Caiediatrco - Fxiiitao de Derecho - UCV

dispone aperturar procedimientos administrativo - disciplinario contra determinadosservidores públicos. Así, no es extraño leer dichos actos administrativos y darse con la sorpresa que, además de comprenderse a servidores públicos en actividad, muchas*-" veces se comprende también a servidores públicos que al momento de'expedirse dichos actos administrativos tienen la condición* de cesantes.
Dicha situación nos deja varias interrogantes: ¿Cuál es ei objeto de instaurar un procesoadministrativo disciplinario sabiendo que la resolución final nova a surtir eficacia fáctica o real en el trabajador cesante (salvo la inhabilitación, en caso de disponerse la destitución)? Por otro lado, surge también otra interrogante, ¿será justo tener que dejar un acto o falta con la candad de "impune" sólo porque cuando se cometió dicha falta ocurrieron, circunstancias políticas, amicaies ofamiliares que no permitieron la oportuna sanción?
De ser cierta esta última interrogante, ¿cuál seria el rol que deoe asumir la entidad pública a! momento de producirse una falta afín, de evitar estas situaciones? Y, finalmente, ¿la instauración de un proceso administrativo contra un servidor cesante no puede ser tomado acaso como un ánimo de venganza política o personal?
Las respuestas quepodamos tener a primera vista no necesariamente serán justas. En efecto, en aiqunos casos podría tener un esoíritu de venganza contra el servidor cesado; sin embargo, en otros casos podría obedecer a la necesidad de hacer justicia frente a un acto impune.
2. Ejercicio de f a potestad sancio-
nadora del Estad©
En un Estado constitucional de derecho, ei ejercicio del ius puniendi o facultad punitivade! Estado se encuentra limitada ai respeto irrestricto de la dignidad de; ciudadano, derecho fundamenta! que, aunado a' principio de separación de poderes, constituye
Actualidad Gubernamental

las bases de un estado constitucional de derecho. En tal sentido, ei ejercicio del fus puniendi deberé ser ejercido por el Estado en clara observancia y respeto de los derechos fundamentales deíciudadano, ei cual, una vez incorporado al procedimiento disciplinario en su calidad de servidor público, gozará de las garantías mínimas de! debido procedimiento administrativo, conforme a la garantía constitucional prevista por el numera1 3 del artículo 139° de la Carta Fundamental de 1993 a la cual ias entidades le deben sumisión a La luz del principio de iegaiidao y debido procedimiento, consagrados...