Apuntes para una reforma penal penitenciaria integral

Apuntes para una reforma penal penitenciaria integral
 Eduardo Birentzwaig (*) 
(*) Estos apuntes que en buena parte son producto de la experiencia adquirida en el Área de Derechos de Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, constituyen sin embargo un aporte personal al debate nacional de la reforma penal penitenciaria que de ninguna manera involucra, representa o compromete a lainstitución.

Aunque comparto en términos generales las motivaciones, fundamentos y objetivos planteados por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías para la reforma de la ley penitenciaria, el seguimiento de casos individuales y colectivos de detenidos procesados y condenados en las cárceles argentinas y la verificación de la interconexión estratégica de la realidad penitenciaria con la dinámicapolítica nacional y provincial, me obliga a realizar previamente una mirada sobre la organización del Estado de la cual esta compleja problemática depende. No pretendo hacer con ello un aporte de carácter teórico, sino fundamentalmente realizar algunas observaciones de alcance práctico tanto para las tareas inmediatas, como para las de largo plazo, comenzando por las cuestiones de fondo.

Pensarseriamente en una reforma penitenciaria,
requiere tener en cuenta que no nos enfrentamos
a un Estado con algunos desvíos,
sino a un verdadero Estado de Exclusión Social

Del análisis de las políticas públicas desde 1983 a la fecha se desprende que diariamente en esta democracia precaria y vulnerable, la sociedad convive, con un segundo e invisible genocidio que aún se mantiene impune. Setrata de un paradojal castigo que antecede a la producción del delito y a la determinación judicial de su penitencia. Me refiero al castigo público que la rama ejecutiva y represiva del Estado aplica, cuando produce y reproduce en el tiempo la exclusión de una parte significativa de la población para asegurar con ello el control político y el acatamiento al orden gubernamental que con distinta suertepretende imponer.

Recordemos por un momento que las consecuencias sociales de la opresión genocida y la reducción a servidumbre económica y cultural que se instaló en Argentina a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, profundizada en la década de desindustrialización, extranjerización y concentración productiva de los 90, que con pequeños cambios se continuó desarrollando hastanuestros días, no fueron producidas a raíz de calamidades naturales sino por la aplicación de una política estratégica de Estado de desocupación en masa. Su objetivo: hacer retroceder la historia a la época de la “década infame” para así restaurar la dominación y sujeción clientelar de millones de argentinos.

Este enorme retroceso y división social producido en los últimos treinta y cinco años,se llevó a cabo en forma simultánea con el proceso de concentración y centralización de la economía y las finanzas y con la centralización y concentración del poder del Estado con los “superpoderes” y la reelección del Ejecutivo, la destrucción y/o neutralización de los controles republicanos y del federalismo, el fortalecimiento de los feudos provinciales y la caricatura de la democracia,condenada a optar y jamás a empoderar a los ciudadanos para elegir a sus representantes.

Este proceso de concentración y centralización del poder que prohíbe nuestra Constitución Nacional ha construido su Estado de Impunidad, produciendo y reproduciéndose de “emergencia en emergencia” en un “permanente Estado de Excepción”, en donde no cuentan los fallos de la Corte Suprema ni el de los tribunalessubalternos que obligue al Ejecutivo a cumplir otro mandato que el propio.

Es el proceso en el que el sistema político con simples actos comiciales ha encubierto su tiranía, arrojando a la miseria y al abandono a regiones y poblaciones enteras de nuestro país forzadas a emigrar a los “cordones” urbanos, en donde millones de argentinos e inmigrantes de países limítrofes se fueron hacinando en...