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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD
1º. LAS DOS DIMENSIONES DEL DERECHO

El Tribunal Constitucional, en la mejor ocasión que ha tenido hasta ahora para abordar el significado de la propiedad en la Constitución de 1978 (la sentencia 37/87, de 26 de marzo, sobre la Ley del Parlamento de Andalucía 8/84, de Reforma Agraria), ha destacado el sentido de la "función social"como "elemento estructural de la definición misma del derecho de propiedad privada" (FJ 2), lo que viene a relativizar el alcance de la discusión doctrinal sobre si los límites impuestos al derecho de propiedad por su función social son "externos" o "internos" a aquél. Al configurarse la función social como elemento estructural del derecho, es claro que define su contenido, con el mismo título queel haz de facultades que constituyen el ámbito de libertad patrimonial del propietario, para el goce y la disposición del bien sobre el que el derecho recae. En la caracterización que hace el Alto Tribunal no hay contraposición entre un derecho individual y unas necesidades sociales que limitan las posibilidades de ejercicio de aquél, sino integración de ambas perspectivas, inescindibles yesenciales para la definición del derecho, sin que ninguna deba ser difuminada en beneficio de la otra, si bien, en último extremo, prevalece el interés público, pues el derecho subjetivo "cede para convertirse en un equivalente económico, cuando el bien de la comunidad legitima la expropiación", como ya había declarado el propio Tribunal en la sentencia 111/1983 (FJ 8), a la que se remite la quecomentamos. Según la sentencia 37/87: "La referencia a la 'función social' como elemento estructural de la definición misma del derecho a la propiedad privada o como factor determinante de la delimitación legal de su contenido pone de manifiesto que la Constitución no ha recogido una concepción abstracta de este derecho como ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre el bien objeto del dominioreservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las Leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general. Por

el contrario, la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y almismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. Por ello, la fijación del 'contenido esencial' de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva delderecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes" (FJ 2,subrayados no originales). La sentencia reitera que ésa es la concepción de la propiedad adoptada por la Constitución, pero afirma, al tiempo, su arraigo en la mentalidad social ("es en todo conforme con la imagen que de aquel derecho se ha formado la sociedad contemporánea"), pues "la incorporación de exigencias sociales al contenido del derecho de propiedad privada, que se traduce en la previsión deintervenciones públicas no meramente ablatorias en la esfera de las facultades y responsabilidades del propietario, es un hecho hoy generalmente admitido". Por tanto, rechaza tajantemente la idea de que la imposición legal de restricciones "a las otrora tendencialmente ilimitadas facultades de uso, disfrute, consumo y disposición o la imposición de deberes positivos al propietario hagan...
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