Armas

delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual.
Derecho Penal
Vienen recogidos en la Sección 1.ª del Capítulo V del Título XXI del Código Penal, dentro de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales concretamente en los artículos 529 a 533, que tipifican las siguientes figuras delictivas: entrega ilegal de causacriminal y, en su caso, de la persona de un detenido (art. 529), violación de los plazos y demás garantías de los detenidos, presos o sentenciados (art. 530), incomunicación ilegal de detenidos, presos o sentenciados (art. 531) y empleo de rigor innecesario con reclusos o internos (art. 533).
El artículo 529 sanciona con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seismeses a dos años al Juez o Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario que ilegalmente se la reclame. Si además entregara la persona de un detenido, se le impondrá la pena superior en grado.
Siguiendo a CARBONELL MATEU y VIVES ANTÓN, estamos ante un delito especial propio que sólo puede ser cometido por un Juez o Magistrado y, concretamente, el que tienejurisdicción sobre la causa criminal que entrega a otra autoridad o funcionario militar o administrativo que ilegalmente se la reclama, lesionando de esa manera la atribución para imponer castigo que corresponde exclusivamente a jueces y tribunales en contra de lo declarado en el artículo 24 de la Constitución, que proclama, como garantías fundamentales, el derecho a la tutela efectiva de los jueces ytribunales y el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley.
Para VÁZQUEZ IRUZUBIETA el delito debiera consumarse cuando se dicta la resolución cediendo la jurisdicción, pero dado que la Ley fija el momento consumativo en la entrega de la causa, puede admitirse la posibilidad de la tentativa si la resolución está firmada y notificada, pero aún incumplida por no haberse efectuado el trasladofísico de los autos a quien ilegítimamente los solicitó.
El artículo 530 castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años a la «autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantíasconstitucionales o legales».
Sujeto activo tiene que ser necesariamente una autoridad o funcionario público, incluyendo las propias autoridades judiciales y los secretarios de juzgados y tribunales.
La expresión «mediando causa por delito» no parece muy afortunada, pues quedarían fuera de la aplicación del precepto mencionado la violación de las garantías mencionadas cuando la detención lo haya sidopor motivos al margen de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (detención de extranjeros para su expulsión del territorio nacional, privaciones de libertad a efectos de identificación, detención en estados de excepción o de sitio, o de personas sospechosas de padecer enfermedades infecto-contagiosas, por citar algunos ejemplos).
Con especial referencia al incumplimiento del plazo de la detención,conviene recordar que el artículo 520 L.E.Cr. fija el plazo máximo de la detención preventiva en setenta y dos horas, el mismo que recoge el artículo 17.2 C.E.
Como dice TERRADILLOS el artículo 186 del C.P. de 1973 (actual artículo 530) se limita a criminalizar los excesos de duración de una detención preventiva que reúne todos los requisitos de legalidad, pero que se transforma en delictiva por eltranscurso del tiempo más allá de un plazo que, con finalidad garantista se fija como máximo. No olvidemos que el artículo 17 de la propia Constitución Española, cuando fija el tiempo máximo de la detención en setenta y dos horas, sienta previamente el principio de que debe durar el tiempo «estrictamente necesario» para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos....