Constitucionalidad Del Arbitraje

Constitucionalidad del arbitraje.
Cristina Hermida del Llano
Aunque no lo declare expresamente la Constitución Española, resulta posible que los
litigantes decidan solucionar los litigios acudiendo a fórmulas extrajudiciales, siempre y
cuando lo hayan decidido voluntariamente. Con ello, se consigue descargar de asuntos a la
justicia ordinaria, pero también es buena muestra del fortalecimiento dela posición de los
ciudadanos en la sociedad civil actual, ya que éstos pueden elegir libremente las vías
mediante las cuales pueden lograr la solución de un litigio.
En principio, desde el momento que los litigantes están de acuerdo en sustraer los asuntos
de la justicia estatal en ámbitos disponibles, no debería haber impedimento alguno para el
arbitraje, desde el punto de vista del Estado deDerecho, siempre y cuando se respeten
también en los sistemas extrajudiciales los valores esenciales constitucionales. Otra cuestión
diferente son los requisitos que se exigen para manifestar adecuadamente dicha voluntad y
su compatibilidad con las previsiones constitucionales.
El principal obstáculo que el arbitraje ha de superar para sostener su legitimidad
constitucional en España es el contenidonormativo del artículo 117.3 de la Constitución
Española, que establece el principio de exclusividad del Poder Judicial en el ejercicio de la
función jurisdiccional. Esta previsión no cabe entenderla en el sentido de que la justicia
ordinaria goce de un monopolio absoluto en cuanto a la función de administrar justicia.
Pensemos, por ejemplo, en el artículo 125 de la Constitución Española, queestablece que
los ciudadanos pueden participar en la administración de justicia mediante la institución del
jurado.
Por todo lo anterior, lo que no resulta constitucional es que a un litigante se le pueda
impedir el acceso a la justicia estatal en contra de su voluntad. La justicia estatal no está
obligada a resolver todos los conflictos sin excepción, debido a que las partes en conflicto
puedenacordar acudir a una vía alternativa, en cuyo caso ésta tendrá un carácter preferente,
por fundamentarse en la preeminencia de la autonomía de la voluntad en ámbitos del
ordenamiento jurídico plenamente disponibles.
El elemento clave que legitima constitucionalmente la posibilidad de sustraer asuntos a la
justicia estatal, para llevarlos a los cauces arbitrales, se encuentra recogido en el artículo 9de
la Ley de Arbitraje española 60/2003, que se mantuvo intacto teniendo en cuenta las
modificaciones operadas por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley
60/2003. Concretamente, el artículo 9 regula los requisitos de forma y contenido del
convenio arbitral. Allí se contempla que dicho convenio podrá adoptar la forma de cláusula
incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, yprecisa que deberá expresar la
voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan
surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica contractual o no
contractual. El ámbito sobre el que puede manifestarse dicho acuerdo hay que buscarlo en
el artículo 2 de la Ley de Arbitraje que señala que son susceptibles de arbitraje las
controversiassobre materias de libre disposición conforme a Derecho. No debe
confundirse la necesidad de atender al ordenamiento para dilucidar la disponibilidad de
materias, con aquellos sectores del ordenamiento para los cuales se ha previsto
expresamente la oportunidad de solucionar los conflictos acudiendo a arbitrajes.
Cuestión diferente son las dudas sobre la forma de manifestar la voluntariedad delarbitraje,
que se han originado en España precisamente en torno a la regulación que se ha hecho en

el ámbito de uno de estos arbitrajes sectoriales: el de transportes. A partir del mismo, se
han formulado distintas resoluciones del Tribunal Constitucional argumentando sobre la
constitucionalidad del arbitraje.
El Tribunal Constitucional español ha definido el arbitraje como un medio para la...