Derecho penal

Reformas al Artículo 20 Constitucional para la protección
de los derechos de las víctimas u ofendidos
Dip. Álvaro Arceo Corcuera                     
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En su mensaje acerca del Artículo 20 del Proyecto Constitucional de 1917, dijo Carranza: "Conocidas son de ustedes señores diputados, y de todo el pueblo mexicano, las incomunicaciones rigurosas, prolongadas en muchas ocasiones pormeses enteros, unas veces para castigar a presuntos reos políticos, otras para amedrentar a los infelices sujetos a la acción de los tribunales del crimen y obligarlos a hacer confesiones forzadas, casi siempre falsas, que sólo obedecen al deseo de liberarse de la estancia en calabozos inmundos, en que estaban seriamente amenazadas su salud y su vida". Y por lo que hacía al Artículo 21 de su proyecto,aseveró: "En la institución del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad individual quedará augurada".
Sin embargo, años después en 1983 y en 1991, subsistía en las reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales federales, así como en las modificaciones al Artículo 20 Constitucional, la alarma por la permanencia de la tortura "como elemento deleznable para obtenerconfesiones", y en esas condiciones, en 1993, se comenzó a dar tratamiento constitucional a la otra parte del drama penal: la víctima u ofendido.
En ambos casos –tanto por lo que hace al inculpado como por lo que atañe a la víctima u ofendido– aparece el mismo argumento sustentador de las reformas: la ineficacia o el abuso del Ministerio Público (MP), que mediante sus policías aplica en laAveriguación Previa torturas a los detenidos para arrancarles confesiones y como parte en el procedimiento penal que puede dejar sin reparación del daño causado a la víctima u ofendido, mediante el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
En otras palabras, es el Estado, a través de la institución MP, el que ha fallado, y en la Reforma a las leyes el recurso casi único para enfrentar esaconducta atentatoria contra los derechos humanos, al grado de incluir en el Artículo 20, que nació para proteger los derechos del inculpado, los derechos de la víctima u ofendido.
En 1993, en efecto, se introdujo en el Artículo 20 Constitucional el derecho de la víctima u ofendido por la comisión de un delito a recibir asesoría, a que se le satisfaga la reparación del daño, a coadyuvar con el MP, a quese le preste atención médica de urgencia y a las demás prerrogativas que señalen para ellos las leyes secundarias. Recientemente, sobre el mismo tema, se introdujo un Apartado "B" en el artículo citado que amplía los derechos de la víctima u ofendido hasta convertirlo en casi parte del procedimiento penal, a lo que habría que sumar la Reforma de 1994 al Artículo 21 Constitucional, mediante lacual "Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional" y las recientes reformas a la Ley de Amparo que abren la posibilidad de ventilar en vía de amparo el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
Todo esto, que en principio es benéfico para los gobernados, puede derivar en una suerte de retorno–si es que alguna vez lo abandonamos– al endurecimiento persecutorio del MP en perjuicio de los inculpados. El MP, ciertamente, no ha mejorado sensiblemente sus métodos de investigación por la vía científica, sino que continúa ejerciendo la intimidación, el maltrato físico y psicológico, la detención arbitraria, las "casas de seguridad" y otras conductas reprochables en el esclarecimiento de losdelitos. Los acusados –generalmente personas de escasos recursos– que tienen que enfrentar al Estado en sus manifestaciones de policía, de fiscal y de juzgador, que han guardado alguna esperanza en que el MP no pueda probar lo que les imputa y tenga que reconocer su inocencia mediante el no ejercicio de la acción o del desistimiento de la misma, ahora tendrán que afrontar a un MP reacio a cumplir...