Educación

J.A. Araña y C.J. Errázuriz. El derecho de los padres a la educación de sus hijos (2). Publicado originalmente en
www.opusdei.org el 17 de enero de 2011.

El derecho de los padres a la educación de sus hijos (2)

En el artículo precedente se habló del fundamento natural del derecho de los padres a la
educación de sus propios hijos, y del carácter universal e irrenunciable de ese derecho.Ciertamente, de esa consideración es fácil pasar a entender la escuela como prolongación de
la labor formativa que se ha de llevar a cabo en el propio hogar. Y, sin embargo, hay que afirmar
que no sólo los padres son legítimamente competentes en cuestiones que tienen que ver con la
educación: el Estado, y también la Iglesia, por otros títulos, poseen obligaciones ineludibles en este
campo.
Lafunción del estado en materia de educación
Son múltiples las razones que justifican el interés de los poderes públicos por la enseñanza.
Desde el punto de vista práctico, es un hecho contrastado a nivel internacional que el crecimiento
efectivo de la libertad y el progreso socio-económico de las sociedades se basa en la necesidad de
que los poderes públicos garanticen un cierto nivel culturalen la población; pues una sociedad
compleja sólo podrá funcionar correctamente si se da una adecuada distribución de la información y
los conocimientos proporcionados para su oportuna gestión; así como la suficiente comprensión de
las virtudes y de las normas que posibilitan la convivencia civil y condicionan los comportamientos
individuales y colectivos.
Basta pensar, por ejemplo, en laimportancia de combatir el analfabetismo para mejorar la
justicia social, para entender que el Estado tiene poderes, funciones y derechos indeclinables en
materia de promoción y difusión de la educación, a la que todo hombre tiene un derecho
inalienable1.
Esto justifica, como concreta exigencia del bien común, que el ordenamiento estatal
establezca ciertos niveles de enseñanza cuyo eficazaprovechamiento puede legítimamente
condicionar el acceso a determinadas carreras universitarias o a otros tipos de actividades
profesionales.
En este contexto, se puede plantear el problema de si las competencias de los padres y las
del Estado resultan desacordes o incompatibles o, por el contrario, pueden llegar a ser
complementarias. En todo caso, cabe preguntarse: ¿cómo se relacionan entre sí?,¿hasta dónde

1

Cfr. JUAN PABLO II, Alocución a la UNESCO, 2-VI-1980; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE,
Instrucción Libertatis conscientia, n. 92.

1

puede legislar el Estado sin suplantar el derecho de los padres, o cuándo podría intervenir para
garantizar los derechos de los niños frente a sus padres?
En realidad, se trata de cuestiones que no tocan la función que, de suyo,respecto a la
enseñanza, corresponde al Estado. Sin embargo, contrariamente a lo que sería deseable, se observa
una tendencia en los poderes públicos, que se viene manifestando en muchos países al menos desde
el siglo XVIII, a asumir de modo cada vez más exclusivo la función educativa, alcanzando en
ocasiones niveles de monopolio casi total de la escuela.
En el fondo de este interés seencuentra la pretensión de extender a todas las personas una
ética única, que correspondería a una moral ciudadana cuyo contenido estaría formado por unos
mínimos principios éticos de validez universal y compartidos por todos; y que en los casos más
extremos ha caído en una concepción casi totalitaria, pues pretende sustituir al ciudadano en la
responsabilidad de poseer un propio juicio de moralidad yde conciencia, impidiendo otros
proyectos o estilos de vida que no sean los promovidos desde la opinión pública creada o sostenida
por el Estado.
El instrumento para impulsar estos objetivos ha sido la defensa a ultranza de la enseñanza
neutra en la llamada escuela pública, el aislamiento o el ahogo económico de las iniciativas de
enseñanza nacidas en el seno de la sociedad civil o, de...