El sistema oral

Al revisar las normas constitucionales relativas a la Función Judicial, recién en la de 1929 se introdujo el principio de celeridad. Ahí se estableció que, “en materia de derecho procesal, la Ley tenderá a la rápida tramitación de los juicios”. En esa Constitución se esbozó, por primera vez, el principio de responsabilidad de los jueces por la tardanza en la administración de Justicia. Eso sedesprende de la disposición del Art. 133, que decía: “Dan lugar a acción popular contra los magistrados de los tribunales y contra los jueces: el cohecho, el prevaricato, la abreviación o suspensión de los trámites judiciales, el procedimiento ilegal contra las garantías declaradas en la Constitución y la prolongación indebida de los procesos criminales”.
La Constitución de 1945 fue la primera enestablecer que “las leyes procesales propenderán a la simplificación y eficacia de los trámites”, determinando también, por primera vez, que “en lo posible” el sistema procesal será “verbal”. Es decir, hace 65 años se esbozó el sistema oral como el idóneo para la administración de Justicia.
La Constitución de 1946 no insistió en el “sistema verbal” pero estableció que “en las leyes procesales seconsultará la mayor celeridad en la tramitación de los juicios”. La Constitución de 1967, reiterando los principios de simplificación y eficacia, insistió en que las leyes procesales “adoptarán en lo posible el sistema oral”. Esa Constitución, además, estableció que “el retardo injustificado en la administración de la justicia será severamente reprimido por la ley y, en caso de reincidenciaconstituirá motivo suficiente para la destitución del magistrado o juez, quien además será responsable de daños y perjuicios para con las partes afectadas”.
La Constitución de 1979 adicionó a los principios de simplificación y eficacia el de uniformidad. Y nuevamente reiteró que las leyes procesales “adoptarán en lo posible el sistema oral”, repitiendo el precepto de la Constitución precedente respectodel retardo injustificado en la administración de justicia. Precisa, por lo demás, que en caso de reincidencia, “constituye motivo para la destitución del magistrado o juez, quien, además, es responsable de daños y perjuicios para con las partes afectadas”.
La Constitución de 1998 repitió el principio de responsabilidad de los jueces por el retardo en la administración de justicia y trajo algunasinnovaciones: distinguir el ámbito del sistema procesal del contenido de las leyes procesales. En efecto, esta Constitución determinó, por una parte, que “el sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia”. Y porotra, que “Las leyes procesales procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites”.
La Constitución de 1998 introdujo el sistema oral como obligación, no como aspiración. El Art. 194 prescribía: “La sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y contradicción de las pruebas, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios:dispositivo, de concentración e inmediación”. Para que se cumpla este loable propósito la transitoria 27 determinó, clara y meridianamente, que “la implantación del sistema oral se llevará a efecto en el plazo de cuatro años, para lo cual el Congreso Nacional reformará las leyes necesarias y la Función Judicial adecuará las dependencias e instalaciones para adaptarlas al nuevo sistema”.
Como todossabemos, la norma de la Constitución de 1998 no se cumplió, el sistema judicial ha ido de mal en peor y las leyes procesales –salvo el caso de los juicios laborales – se han mantenido intocadas.
La pregunta de rigor: ¿por qué se ha incumplido con la implantación del sistema oral? La respuesta es compleja, pues en la realidad no existe justificación para que se haya desobedecido flagrantemente el...