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[Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común]

TÍTULO IV
DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 35. Derechos de los ciudadanos.
Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes
derechos:
a) A conocer, en cualquiermomento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los
que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con losoriginales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el
procedimiento.
d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.
e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior
al trámite de audiencia, que deberánser tenidos en cuenta por el órgano competente al
redactar la propuesta de resolución.
f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se
trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.
g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las
disposiciones vigentes impongan a los proyectos,actuaciones o solicitudes que se propongan
realizar.
h) Al acceso a la información pública, archivos y registros.
i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio,
cuando asícorresponda legalmente.
k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.
Artículo 36. Lengua de los procedimientos.
1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el
castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la
Administración General del Estado con sede en el territorio de unaComunidad Autónoma
podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.
En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si
concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la
lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que
requieran los interesados se expedirán en lalengua elegida por los mismos.
2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y
de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación
autonómica correspondiente.
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3. La Administraciónpública instructora deberá traducir al castellano los documentos,
expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si
debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa
misma lengua distinta del castellano, no seráprecisa su traducción.
Artículo 37. Derecho de acceso a la información pública.
Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los
términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.
Artículo 38. Registros.
1. Los órganos...