La infracción constitucional en el ordenamiento jurídico peruano

Por: Natale Amprimo Plá, socio de Amprimo Abogados.

El artículo 99º de la Constitución Política del Perú establece que “Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de laCorte Suprema, a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado de éstas”.

A su vez, el primer párrafo del artículo 100º de la Norma Suprema dispone que “Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente,suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad”.

Las normas glosadas en los párrafos precedentes constituyen el marco constitucional del antejuicio político y la infracción constitucional. Respecto de esta última, coincidimos con Santistevan de Noriega, quienprecisa que “La infracción constitucional –considerada como figura independiente de la comisión de delitos de función por parte de los altos funcionarios del Estado sujetos al control del Parlamento– constituye una institución polémica en el Perú”. A su turno, Paniagua Corazao sostiene que el antejuicio contemplado en la Carta de 1993 no guarda concordancia con la Constitución histórica. Así,señala:

“No cuando, menos con el Antejuicio que, incorporado en la Constitución de 1823, adquirió sus rasgos sustantivos en la de 1828 y luego de una prolongada evolución parecía definitivamente consolidada en la Carta de 1979. En el curso de ese proceso se independizó de otras instituciones procesales (desafuero, dilación procesal) y dejó de ser sucedáneo de ciertas instituciones defiscalización (juicio de residencia, voto de censura). Se convirtió, así, en un procedimiento político-jurisdiccional destinado a hacer efectiva la responsabilidad exclusivamente Penal de ciertos altos funcionarios, por delitos de función y por infracciones de la Constitución. Adquirió ese carácter merced a una paralela definición de algunos conceptos fundamentales inherentes a la institución:reconocimiento de una prerrogativa funcional que implica una inmunidad, necesidad de un procedimiento específico de desafuero, aceptación de una jurisdicción privilegiada y de un procedimiento penal sujeto a normas específicas.
La Constitución de 1993 no solo ha quebrado ese proceso. Ha distorsionado –como se ha dicho– el antejuicio tradicional” .

Por su parte, Landa Arroyo sostiene que el antejuiciopolítico por infracción de la Constitución plantea problemas más complejos que los analizados para los delitos de función. Así, precisa:

“En la base de los inconvenientes que genera el antejuicio político por infracción de la Constitución está el que las infracciones carecen de una tipificación.
Así, las sanciones que impone el Congreso por esta causal, aunque cueste creerlo, se asemejanal bill of attainder del Parlamento inglés del siglo XV, por el cual el Parlamento, ante la imposibilidad de probar el delito, creaba el delito, el delincuente y la pena. En este sentido, Armagnague, señala que ‘el impeachment se diferencia del bill of attainder en que este castiga aquellos delitos para los cuales las leyes no han señalado penalidad alguna, que no están tipificados, en tanto queel juicio político es aplicado a una violación de principios ya reconocidos en el derecho’.

En efecto, esto abre la posibilidad de que determinados funcionarios puedan ser encausados por infracción de la Constitución, aún cuando sabemos que la misma no tiene desarrollo constitucional, legal ni reglamentario, afectando así el principio de legalidad. Más aún, en reciente sentencia del Tribunal...