Las libertades economicas

Lección 28. LAS LIBERTADES ECONÓMICAS. 1. La libertad de empresa y la economía de mercado 2. El derecho a la propiedad privada. 3. El derecho de fundación.

1. La libertad de empresa y la economía de mercado El modelo económico de la Constitución Española, también denominada constitución económica está constituido por el juego articulado del Preámbulo cundo se refiere al objetivo de un ―ordeneconómico justo‖ y los siguientes preceptos: art. 1.1, 33, 38 y 51 que como derechos fundamentales de libertad anudan la democracia al sistema de libre mercado y por ende de libre empresa y por el otro los preceptos que habilitan la intervención pública en el decurso de aquellas libertades como los artículos 128 y 131. Todo ellos articulan un

modelo flexible que respetando la libertad deempresa, y la propiedad privada permite la intervención pública para la satisfacción de los intereses generales con el fin de alcanzar los valores del art. 1 y los objetivos del art 9, igualdad material, mediante la reserva al sector publico, la planificación y la intervención o regulación de los diversos sectores de las economía como dice Guillen la Constitución Económica se asienta sobre el principiode competencia económica en el mercado. Es un derecho fundamental económico social y al tiempo una garantía institucional que protege la modelo frente a inmisiones y perversiones del mismo, ya frente a intervenciones desproporcionadas de los poderes públicos en los sectores económicos ya en la entrada de las empresas públicas a competir en el mercado en mejores condiciones que la iniciativaprivada. En todo caso ha de respetarse el núcleo duro (Guillen) o contenido esencial del derecho, que puede definirse como la libertad de acceso al mercado, la libertad de ejercicio en el y la libertad de cesación en el mercado.

Sin perjuicio de los limites del Derecho constitucional a la libertad de empresa (Viciano citado por Guillen), intrínsecos por la propia economía de mercado o extrínsecos portodo el aspecto social de los derechos del cap III, el art 9.2, el 128 y el 131.

La doctrina del Tribunal Constitucional, al respecto, viene sentada en su

sentencia 292/2000 (Fundamento jurídico 17 in fine), es reprochable la utilización sin más del términos como el de razones de interés público «pues
encierra un grado de incertidumbre aún mayor. Basta reparar en que toda actividadadministrativa, en último término, persigue la salvaguardia de intereses generales, cuya consecución constituye la finalidad a la que debe servir con objetividad la Administración con arreglo al art. 103.1 C.E.»,

si bien dicho criterio le ha servido para justificar diversas

actuaciones administrativas, por ejemplo en la STC 149/1991 en la que la actuación administrativa basada en el ―interéspúblico‖. Así se llega a afirmar que una actuación administrativa «por razones de interés público debidamente motivadas es perfectamente constitucional, siempre que los intereses públicos hechos valer por el Estado correspondan al ámbito de sus competencias sectoriales».

En realidad, limitaciones similares a las que aparecen en la directiva de servicios han sido tratadas por nuestro TribunalConstitucional con relación a la unidad del mercado nacional, y a las supuestas trabas o tratos diferenciadores dentro del Estado. Como ya dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia 96/2002 cuando declaró la inconstitucionalidad, y consiguiente nulidad, de la disposición adicional octava de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que disponía unreembolso tributario estatal a residentes en la Unión Europea que operan en el País Vasco o Navarra, «la unidad del orden económico implica la exigencia de la adopción de medidas de política económica aplicables con carácter general (STC 96/1984, de 19 de octubre, FJ 5)». Continúa diciendo que «en consecuencia, la efectiva unicidad del orden económico nacional requiere la unidad de mercado en la...