Ley 13.449: Reforma Al Código Procesal Penal De La Pcia. De Bs. As.

Ley 13.449 de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Bs. As.


El ascenso del discurso de la seguridad, particularmente en los últimos años, marcó una profunda tendencia reformista en materia de legislación penal y procesal penal -ineficaz, por cierto, para el logro de los objetivos que se propuso- de tinte intensamente represivo y en abierta confrontación con los principiosgarantizadores que informan al Estado democrático de derecho. Anticipar el tiempo que demandará desandar el camino es sin duda una difícil tarea. Sin embargo, algunos avances merecen ser destacados pues, aunque parciales, resultan ser alentadores.
En este marco, la producción legislativa de la Provincia de Buenos Aires en materia de medidas de coerción personal en el ámbito del proceso penal aparececiertamente compleja. En lo que va desde la sanción del nuevo Código Procesal Penal provincial regulado por la Ley 11.922 (B.O. 23-01-97; entrado en vigencia el 1-10-98, Ley 12.119, B.O. 1-7-98), éste ha sufrido ocho reformas en materias de medidas cautelares: Ley 12.059 (B.O. 8/9-1-98 -aun antes de la entrada en vigor); Ley 12.278 (B.O.16-4-99); Ley 12.405 (B.O. 15-3-00); Ley 13.183 (B.O.16-4-04); Ley 13.177 (B.O. 20-4-04, que nunca entró en vigencia); Ley 13.252 (B.O. 3-12-04); Ley 13.260 (B.O. 7-12-04); y la última, Ley 13.449 (B.O. 17-3-06) que motiva este comentario.
Esta nueva reforma del CPP provincial modifica sustancialmente el régimen de restricción de la libertad con anterioridad al dictado de la sentencia condenatoria firme.
Previo a abordar algunas particularidades quepresenta la ley, es interesante destacar un aspecto de suma trascendencia: la eliminación de varias normas centrales contenidas en las Leyes 12.405 y 13.183, las que fueron objeto de innumerables críticas en ámbitos académicos, doctrinarios, organizaciones de derechos humanos, de órganos del poder judicial provincial e incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A modo de síntesis, loscuestionamientos a estas leyes señalaron su contrariedad con elementales principios constitucionales rectores del procedimiento penal, en especial el derecho a la libertad ambulatoria y el principio de inocencia, los que imponen como derivaciones atender a la finalidad procesal de la medida cautelar, el mérito sustantivo para su procedencia y las reglas de excepcionalidad, proporcionalidad,provisionalidad y limitación temporal (arts. 14 y 18, Constitución Nacional; 10, 16 y 17, Constitución provincial; 7 y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 10 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Estas críticas fueron efectuadas principalmentecon motivo de la incorporación de serios obstáculos a la libertad durante el proceso constituidos por referencias directas a consideraciones del derecho penal sustantivo. Sin embargo, las objeciones no se redujeron a estos puntos. Se ha señalado también que la sanción de esas leyes por la Legislatura e impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial, así como la continua aplicación por la mayoría delos jueces provinciales sin ejercer el debido control de constitucionalidad -evitando interpretarlas de acuerdo a los postulados constitucionales en materia de encarcelamiento cautelar-, se ha traducido en una de las principales causas del aumento del índice de detención preventiva y sobrepoblación carcelaria a niveles inéditos. Como consecuencia, se produjo la supresión tácita de la garantía detoda persona sometida a prisión a contar con condiciones de alojamiento dignas y ha recibir un trato humano (arts. 18, CN; 10, PIDCyP; 5.2, CADH).
Como muestra de reprobación del efecto de aquella legislación basta mencionar el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio...