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CONCLUSIONES

—1—’
EN TORNOAL L EJERCICIO ACUMUL4DO DE LA ACCIÓN CIVIL A LA PENAL
1 El ejercicio de la acción civil en el proceso penal constituye un supuesto de acumulación heterogénea de acciones, en el que el legislador permite que se deduzca junto a la pretensión punitiva otra de naturaleza privada debido a la conexión existente entre ellas, y puesto que un mismo hecho histórico puede serfuente tanto de responsabilidad civil como penal.


Tradicionalmente el principio de economía procesal se ha esgrimido como fundamento en favor de esta opción legislativa, pues la sustanciación de la pretensión civil de forma acumulada reporta indudables ventajas; evita un proceso civil posterior y conileva un ahorro considerable en tiempo, medios y esfuerzos tanto para la Administración deJusticia como para el justiciable. Sin embargo, en el siglo XXI esta institución cobra una nueva dimensión y puede decirse que su fundamento se halla también hoy en la garantía que supone para el perjudicado que el proceso penal se convierta en un mecanismo apto para su efectiva reparación.

2 Las nuevas funciones soéiales del proceso penal conducen así a replantearse la accesoriedad con que laacción civil se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento jurídico. En el diseño de la LECRIM de 1882, la condena penal constituyó, respecto del conocimiento de la pretensión civil, un auténtico presupuesto de jurisdicción, puesto que por regla general la acción civil sólo puede introducirse, y conocerse en sede penal, en tanto en cuanto se encuentre pendiente su objeto principal y necesario, lapretensión punitiva. Es preciso reconsiderar esta opción legislativa, pues condena a la pretensión civil en la causa penal a una accesoriedad que en numerosas ocasiones se revela injustificada e infundada.


No es sólo porque tan derechos son los del imputado a la libertad y a la defensa como el del perjudicado a la obtención de una eficaz y rápida tutela judicial de su pretensión; sinoporque las mismas razones que impulsan al legislador a prever la acumulación de acciones civiles y penales en el proceso penal ab initio debieran servir para extender la competencia de los órganos penales para poder conocer de la pretensión civil acumulada aunque no haya podido imponerse la sanción penal, siempre y cuando haya elementos de juicio suficientes para pronunciarse sobre la civil. Si bien noconstituye una exigencia constitucional que el proceso penal se organice para asegurar el resarcimiento civil de los perjudicados —conforme tiene establecido reiteradamente el TC— no lo es menos que el principio de economía procesal

LA ACCIÓNCIVIL EN EL PROCESOPENAL

quiebra al desaprovecharse la presencia en el proceso de las partes implicadas y también de la prueba practicada sobre unoshechos que, en cuanto acontecer histórico, son únicos. Seríapor lo tanto necesario que se introdujese un precepto que extendiese la atribución de competencia civil al juez penal para estos casos.

3 El ejercicio acumulado de acciones no se encuentra, pese a sus indudables ventajas, exento de críticas, pues conileva necesariamente un debate procesal más complejo, que puede llegar en ocasiones aempañar los beneficios que reporta. Para evitar sus desventajas podría preverse legalmente, como se ha hecho en otros países de nuestro entorno, la posibilidad de que el juez penal pudiese declinar su competencia para el enjuiciamiento de la pretensión civil atendiendo a su complejidad y a la posibilidad de que ésta pueda suponer una demora considerable en la resolución del conflicto penal. Estasolución requerirá retomar el debate acerca de la prevalencia en todo caso de la jurisdicción penal respecto de la civil, a fin de no producir una dilación considerable e innecesaria en la resolución de las cuestiones civiles al perjudicado que se viese obligado a deducir su pretensión necesariamente a través del correspondiente proceso civil declarativo. De otro lado, sería preciso adoptar las...
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