Acción de tutela contra providencias judiciales

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Por: JOSÉ AGUSTÍN MARTÍNEZ LAYTON(

Antes de 1991 no había ningún instrumento internacional al que Colombia, por vía de remisión[1] pudiera acudir como mecanismo de protección y aplicación de derechos fundamentales, básicamente porque los derechos de que trataba el Título III de la Constitución Nacional de 1886 (artículos 16 a 52) eran denaturaleza civil y sólo fueron protegibles a través de ciertas acciones civiles, gracias a su incorporación al Código Civil como título preliminar[2].

Por ello, sin temor a dudas y siguiendo a los profesores García y Uprimny, se recuerda que “una de las principales innovaciones de la Constitución de 1991 fue la introducción de la tutela para la protección inmediata de los derechos fundamentales”[3].Obviamente, no está por demás señalar que junto con la tutela, en el texto superior se establecieron otras acciones de igual raigambre[4], entre otras, para: i) hacer cumplir la ley y los actos administrativos, ii) proteger derechos e intereses colectivos y iii) obtener el resarcimiento patrimonial del Estado por los daños que los Administrados no están obligados a soportar.

La acción de tutelase estableció por el Constituyente Delegado para toda persona “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridadpública”[5].

Esta norma contiene una fuerza propositiva amplia, pues: i) asigna el conocimiento de esta acción a todos los jueces de la república[6]; ii) es una acción que siempre procede para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, los cuales no pueden suspenderse ni aún en estados de excepción[7]; iii) el procedimiento debe ser predominantemente ágil y conciso[8]; iv) la legitimaciónpor activa no sólo la tiene el afectado[9]; v) no puede haber dilación injustificada del cumplimiento de protección[10]; vi) la protección procede incluso cuando hay amenaza de violación y por supuesto cuando esta se materializa; vii) la comisión de la conducta reprochada puede ser por acción y por omisión y viii) la acción se dirigirá contra la autoridad pública de quien se predica la violación.En virtud de las facultades extraordinarias conferidas en el literal b) del artículo transitorio 5 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2591 de 1991, con la finalidad de reglamentar la acción de tutela.

Pese a su naturaleza administrativa, pues la potestad reglamentaria así fue establecida en la Constitución Política[11], el Constituyente dotó al reglamentocon fuerza material de ley e indicó que tanto este decreto como los demás expedidos en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos transitorios tendrían el control de su constitucionalidad en la Corte Constitucional[12], órgano nuevo a quien además le confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, para lo cual tiene la función, entre otras, de revisar, en la forma quedetermine la ley, las decisiones judiciales de tutela de los derechos constitucionales[13].

Desde la primera decisión en revisión de tutela por la Corte Constitucional[14], se afirmó, sobre su objeto, que la acción de tutela “es un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la posibilidad de acudir sinmayores requerimientos de índole formal y en la certeza de que obtendrán oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines...