Amicus ciriae

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Santiago de Cali, Octubre 5 de 2011

Señores

COMISIÓN PRIMERA

HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES

Asunto: Amicus curiae Proyecto de ley Objeción de Conciencia

De nuestra consideración.

RAÚL FERNANDO NÚÑEZ MARÍN y SEBASTIÁN CANAL FLOREZ, actuando en calidad de docentes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali nos permitimos presentar ante usted el presente amicus curiae alproyecto de ley de la referencia con el fin de enriquecer la discusión jurídica del mismo.

Teniendo en cuenta que no es nuestra intención referirnos a la objeción de conciencia individual o de personas naturales el documento únicamente versará sobre la objeción de conciencia institucional. Siendo así el presente documento se divide en dos partes generales. La primera va dirigida a demostrar como ala luz del derecho internacional la persona jurídica es sujeto de ciertos derechos y la segunda destinada a evidenciar los estándares internacionales en materia de objeción de conciencia.

1. La persona jurídica como sujeto de derechos humanos.

El artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dicta:

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar losderechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
 2. Para los efectos de esta Convención, personaes todo ser humano.

En tal sentido, la CIDH ha sostenido que, “la protección otorgada por el sistema interamericano de derechos humanos se limita sólo a las personas naturales, quedando fuera las personas jurídicas, pues estas, no pueden ser víctimas de una violación de derechos humanos[1]

Igualmente la misma CIDH ha profundizado en otro de sus informes diciendo:

“la persona protegidapor la Convención - es ‘todo ser humano’ (…). Por ello la Comisión considera que la Convención otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas por cuanto estas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material. Esta interpretación se confirma al verificar el verdadero significado que se le atribuye a la frase‘persona es todo ser humano’ con el texto del Preámbulo de la Convención, el cual reconoce que los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana y reitera la necesidad de crear condiciones que permitan a cada persona realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria.”[2]. A su vez, en el caso Tabacalera Boquerón, sostuvo que la empresa, comopersona jurídica, "no puede ser una 'víctima' de violación de derechos humanos”[3]

Por el mismo camino ha transitado este Tribunal. Primero, en el caso Herrera Ulloa, en el cual, habiendo los representantes de las víctimas presentado a la persona jurídica diario “La Nación” como presunta víctima[4], la Corte no la consideró como tal[5]. Y luego en su reciente sentencia en el caso Usón Ramírez,en donde aseveró con toda claridad “que el artículo 1.2 de la Convención establece que los derechos reconocidos en dicho instrumento corresponden a personas, es decir, a seres humanos y no a instituciones como las Fuerzas Armadas”[6](énfasis añadido).

Sin embargo, en el Caso Cantos, la Corte sostuvo que “los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechosy obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación”[7]. No obstante, en el referido caso el Tribunal declaró como única víctima a José María Cantos, representante y propietario de un grupo empresarial, mas no a dicha ficción jurídica como sujeto autónomo de derechos y obligaciones, pese a que dicho conglomerado incluía a una radioemisora. Aun...
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