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La investigación preliminar es por supuesto manejo irregular de los recursos públicos.

Para el Ministerio Público, son responsables tanto los ex funcionarios, como los contratistas que cobraron las comisiones para gestionar los pagos (que ya están presos) y las empresas que finalmente recibieron esos recursos.

La vice procuradora general, Martha Castañeda, se abstuvo de entregar los nombresde los funcionarios y empresas que serían investigadas, argumentando que no han sido notificadas de la decisión.
Según investigaciones de la Policía y la Fiscalía, los integrantes de la red que tramitaba los pagos por los recobros por medicamentos y servicios médicos, solo se quedaban con el 6% de esas partidas y el resto era girado a las EPS.

De otro lado, el director de la Policía, generalÓscar Naranjo, aseguró que "las víctimas del fraude a la salud están entregando información"
El general Naranjo señaló que víctimas y conocedores del escándalo están colaborando con las autoridades.
 
"Personas que figuran en la nómina de pagos pero que nunca recibieron esa ayuda se han empezado a acercar. También, aquellas que tienen información y que afirman que los llamaban para que sehicieran pasar por beneficiarios del sistema", dijo el General.
Agregó que la Policía para avanzar en la investigación ha contado con la colaboración de personas que conocieron la "mecánica de todo el sistema de defraudación".
Horas antes un juez ordenó investigar a las EPS por el millonario desfalco de la salud "Que caiga el que caiga, llámese ministro o ex ministro, presidente o ex presidente",dijo.
"Esta no es la punta del iceberg, este es el último eslabón de la cadena. La Fiscalía tiene que investigar, y que caiga el que caiga, llámese ministro o ex ministro, presidente o ex presidente".

Con esta afirmación, el juez 48 penal con funciones de garantías, Javier García, ordenó que se investigue a las EPS que se habrían beneficiado con el pago de recobros en el escándalo del millonariofraude contra la salud.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento a los cinco capturados por los cobros irregulares de medicamentos y procedimientos médicos, el juez enfatizó que la Fiscalía no puede descuidar a los beneficiarios de los recobros que se quedaron con el 94 por ciento de los pagos.

"Aquí les tienen que meter la muela a las EPS, porque si es cierto que se presentaron pagosirregulares, ellos se quedaron con gran parte de lo pagado", añadió el funcionario judicial.

Ante la petición del juez, el fiscal 23, Mario Montes Giraldo, dijo: "Es cierto que aquí (en el proceso) hay gente muy importante, ellos robaron fue para otros". El investigador sostuvo que en el expediente hay cerca de 300 personas vinculadas al caso y que "llegaremos a quienes estaban detrás de esasprácticas ilegales".

El juez acogió parte de los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría para ordenar la detención a Claudia Patricia Rojas, Édgar Isaías Medina, Héctor Mauricio Durán, John Carlos Lamus y Luis Andrés Ruiz, a quienes les imputaron cargos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Para el juez, aunquees válido y legal asesorar a las EPS para los trámites de recobros, no está claro por qué en los correos los hoy detenidos hablaban de pagos de comisiones a varios de las cinco personas detenidas.

Igualmente, consideró que la función pública fue tergiversada y no hubo deber de lealtad de los funcionarios públicos. "Yo no cuestiono la legalidad de los contratos de asesoría de los acusados, perocuando muta al pago de comisiones sí hay una conducta penal", agregó.

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