En virtud de la reforma del 18 de junio del 2008, en materia de seguridad y justicia que fue objeto nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cuál, en materia de justicia uno de sus principales objetivos lo fue “el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, así como, el que sean ampliados los derechos o garantías del acusado o imputado y victimas u ofendidos.

Ental sentido, el objetivo del Estado, consistente en ajustar el sistema de justicia penal a los principios de un Estado social y democrático de derecho, significa sin duda un gran avance para el Estado a favor del ciudadano, al reconocerle sus derechos, los cuales el catedrático de derecho penal en la Universidad de Barcelona, Santiago Mir Puig, los denomina como directos (individuales) o indirectos (colectivos), y que en nuestra Constitución, se ven instituidos, como por ejemplo, el principiode no autoincriminación, que –es un principio– en favor del imputado y que entre otras cosas consiste en no obligársele a declarar en su contra, así como el principio del derecho penal mínimo o de mínima intervención del Estado, que consiste en el derecho que tanto el imputado en su carácter de ofensor, como la victima y ofendido gozan de resolver su conflicto por una vía privada ajena a la pública, en la que se evite que el Estado representado por un Juez, imponga una pena al responsable de laconducta ilícita reprochada.

En tal contexto, la idea principal del Estado en introducir en la reforma Constitucional, la llamada “Justicia Restaurativa” por medio de los mecanismos alternos de solución de conflictos, atendía a una problemática más que social, financiera con el fin de reducir la sobre carga de asuntos en las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia y desde luego, el costo –económico– que representa en la organización y funcionamiento de [continua]

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