Leyes De Obediencia Debida Y Punto Final

Trabajo práctico Historia:
Leyes de obediencia debida y punto final.

Contexto histórico.
Luego del desastre militar en la guerra con Gran Bretaña por las islas Malvinas, las Fuerzas Armadas debieron convocar de urgencia a un proceso electoral.
Pero antes intentaron una vez más condicionar a los partidos políticos advirtiendo que no se permitirían investigaciones sobre la guerra suciamilitar contra la sociedad argentina. Además, emitieron un llamado “Documento Final de la Junta militar”, en el que proclamaron que para encarar el futuro sería necesario afrontar con espíritu cristiano la etapa que se iniciaba. “En ese marco casi apocalíptico se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechosfundamentales”, concedieron. Tales errores debían quedar sujetos al juicio de Dios y a la comprensión de los hombres.
El documento sostuvo que en todo conflicto armado resulta difícil dar datos completos y en una guerra donde el enemigo no usaba uniforme y sus documentos de identificación eran apócrifos, el número de muertos no identificados se incrementa significativamente. Esta meditada inversión de lostérminos (los familiares reclamaban por el destino de personas identificadas que fueron detenidas con vida, y el documento respondía sobre muertos sin identificación) introducía el párrafo central del informe castrense. Negaba la existencia de lugares secretos de detención y consideraba muertos a los desaparecidos que no se encontraran exiliados o en la clandestinidad. Como era infaltable en la prosacastrense de la época añadía el deseo de que los enemigos muertos recibieran el perdón de Dios. La clave que el documento no revelaba era precisamente qué había ocurrido en ese tránsito que va desde la detención de una persona viva, con nombre y apellido, hasta su conversión en un muerto anónimo. Los datos que ya entonces manejaban los organismos de derechos humanos indicaban que el 80 por ciento delos desaparecidos habían sido raptados de sus casas, en la calle o en sus lugares de trabajo, ante testigos.
Cuando faltaban cinco semanas para las elecciones presidenciales, el último dictador, Benito Bignone, firmó un decreto de autoamnistía, para sentar las bases de la definitiva pacificación del país, la reconciliación nacional y la superación de pasadas tragedias. El Episcopado Católicoacompañó su dictado con un denominado “servicio de reconciliación”, en el que presionó a todas las fuerzas políticas y sociales a que aceptaran ese decreto de olvido. Los considerandos del decreto afirmaban que las Fuerzas Armadas lucharon por la dignidad del hombre mientras que la subversión terrorista planteó la batalla en forma cruel y artera, lo que pudo llevar a que en el curso de la lucha seprodujeran hechos incompatibles con aquel propósito. En los combates quedaron muertos y heridos y también resultaron afectados los supremos valores que se defendieron, decía. El beneficio comprendía a los militares y sus colaboradores civiles que, como siempre en potencial, “pudieron haber apelado al empleo de procedimientos que sobrepasaron el marco legal”, naturalmente no por su voluntad sino porla consabida “imposición de las inéditas y extremas condiciones en las que aquéllas tuvieron lugar”. En cambio excluía a los partisanos, de quienes asertivamente dijo que “agredieron a la Nación”. Durante la campaña electoral de 1983 el candidato de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín prometió que no habría impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado, mientras el justicialista ItaloLuder anunció la validez de la autoamnistía dictada por las propias Fuerzas Armadas.
Alfonsín elaboró un complicado mecanismo cuya aplicación práctica se le fue de las manos. Por un lado una Comisión de notables, que sólo debía confeccionar la lista de las personas detenidas desaparecidas. Por otro, la inclusión en el Código de Justicia Militar de una cláusula de obediencia debida, para que las...