Nulidad De Las Leyes De Obediencia Debida Y Punto Final

DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LAS LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA Y PUNTO FINAL Ley 25779 Fecha de sanción: 20/08/2003 Promulgada: 02/09/2003 por el decreto número: 689/03

Artículo 1º – Decláranse insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521. Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Fundamentos Señor presidente: La presente iniciativa, resultado en un consenso alcanzado entre diferentes bloquespolíticos de esta Cámara, toma en cuenta para su elaboración diferentes proyectos que ya cuentan con estado parlamentario: expedientes 345-D.-03, diputada Walsh y otros; 3.541-D.03, diputada Carrió y otros; 3.645-D.-03, diputado Díaz Bancalari y otros; entre otros. Los veinte años que transcurrieron desde el advenimiento de la democracia es un tiempo más que razonable para demostrar que unaconvivencia humana y pacífica exige y reclama el debido juzgamiento de todos aquellos que de una u otra forma violentaron los derechos fundamentales de argentinos y extranjeros que vivieron en nuestro país durante la dictadura militar. El esclarecimiento y restablecimiento de las investigaciones de los crímenes cometidos durante el último gobierno de facto, se erige aquí como una exigencia no sólo delos argentinos, sino de muchos países y de organizaciones internacionales que reclaman cada vez con más fuerza, conocer la verdad y castigar a los culpables. Los hechos del terrorismo estatal que ocurrieron en el período comprendido entre el 611-1974 y el 10-12-1983 han producido una inacabada sucesión de fuertes e infortunados impactos en el seno social. La realidad indubitable de que los hechosaberrantes del período señalado no fueron juzgados en su mayoría resulta obvia causante de un estado de desasosiego y desconfianza en la Justicia –pilar de nuestra organización jurídica–, al grado de revistar entre las grandes metas insinuadas en el Preámbulo de la Carta Magna. A ello se añade que, para frustrar los escasos procesos judiciales donde se produjo algún progreso significativo, se llegóa acuñar una extraña serie de decretos de perdón que ni siquiera frenaron su intención ante los casos que aún no habían sido finiquitados por el Poder Judicial. A éste la fueron sustraídas las causas en el inocultable afán de impedir el esclarecimiento y atribución de responsabilidades. Es de dudar profundamente que el Podar Legislativo se encontrare en el tiempo de formación de ambas creacionesseudojurídicas en condiciones normales de reflexión y plenitud de autonomía en la delicada y republicana actividad legisferante. Los principales actores políticos que participaron en la elaboración y sanción de estas normas han reconocido que se encontraban seriamente limitados por las circunstancias, pues la propia democracia dependía de ello. No puede pasar sin comentario que la ley 23.492 fuedespachada en tres semanas de tratamiento, el día 23-12-1986, casi contemporáneamente a la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva, en el Uruguay. Cuatro días antes –19/12/1986– cien mil argentinos habían manifestado en las calles de Buenos Aires planteando que no se aprobase el texto de la norma. El lobby aplicado ostensiblemente por las jararquías castrenses sobre el Congreso fue generando unainquietud bastante visible, que después se acentuaría hasta la crisis. Como señala Zamorano, la ley de punto final (23.492) luce agresiva a los más antiguos conceptos del derecho, ya que el plazo de prescripción suele fijarse en relación directa con la

gravedad de cada delito; esta norma abarca por igual a todo el arco de crímenes concernidos, en absurda universalidad. Es más, según ladoctrina más consagrada, el plazo ha de comenzar en el momento de comisión del delito; y esta ley instituye un angustioso plazo de escasos días que nacerá en el instante en que ella se promulga. Nada más extraño a la técnica antes conocida. Respecto de la otra norma, el mismo autor señala que la obediencia debida (23.521) rompe con todo esquema de razonabilidad. Inventa que hubo coerción irresistible...