Reforma ley 30

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La propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992) que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, ademásde sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas.

Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas,tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.

El aumento de la cobertura ha sido una de las grandesdeficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, en el país hay 3’200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior.Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.

Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de lareforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas.

La propuesta nocayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno.Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema.

No obstante, José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano ypresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que considera positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos.

“Esun avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio”, afirma Isaza.

De todas maneras, son más...
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