Responsabilidad patrimonial de la administración

DOCTRINA GENERAL ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
ALCANCE, DELIMITACIÓN Y CONTENIDO DE LA MISMA.
1) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJ - PAC, en adelante), desarrolla en su Título X, artículos
139 a 146, algunos parcialmente modificados por la Ley4/1999, de 13
de enero, las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en los artículos 9.3 y 106.2 de la
Constitución.
El primero de ellos establece que se garantiza la responsabilidad y
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, mientras que
en el artículo 106.2 del texto constitucional se indica que "Los
particulares, en lostérminos establecidos por la Ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
de los servicios públicos"; debiendo resaltarse, a la vista de este
último precepto, y como acertadamente se declaró por la Sentencia del
Tribunal Supremo de 5 febrero1996, que el principio de
responsabilidad patrimonial proclamado en él "conlleva un derecho de
los llamados de configuración legal”. Es decir, que no se trata de un
derecho que derive directamente de la Constitución, sino que exige la
interposición de una Ley, y es exigible, no en los términos abstractos
reconocidos en la Constitución, sino en los términos concretos en que
figure en la leyordinaria que lo regule".
Debe resaltarse, en todo caso, que la Constitución no supuso una
innovación significativa en esta materia, ya que como ha señalado la
mejor doctrina, se limitó a confirmar la existencia de un principio de
garantía patrimonial de los particulares frente a los daños sufridos por
la actividad administrativa, principio ya introducido en nuestro
ordenamiento jurídico, frutode una larga evolución histórica, por el
artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, que señaló que daba lugar a indemnización toda lesión que los
particulares sufriesen en los bienes y derechos a que dicha Ley se
refería; ampliándose esta posibilidad de responsabilidad por medio del
artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, de26 de julio de 1957, en el que, a diferencia del precepto
anterior, que circunscribía de forma exclusiva, como se acaba de
señalar, el ámbito de las lesiones indemnizables a las que padeciesen
los particulares en los bienes y derecho referidos en susodicha Ley, ya
se extendió la responsabilidad de la Administración a las lesiones que
los ciudadanos soportasen en cualesquiera de sus bienes yderechos.
Los artículos de la Ley 30/1992 que disciplinan esta materia -que
han convertido el principio general de responsabilidad civil de las
Administraciones públicas en una de las piezas esenciales de nuestro
Estado de Derecho o, por decirlo con palabras del Preámbulo de citada
Ley, en uno de los dos grandes soportes, junto al principio de legalidad,
de nuestro sistema administrativo sonaplicables, con carácter general,
a todos los supuestos de indemnización de los daños producidos por los
poderes y órganos públicos, a salvo, únicamente, de que exista una
regulación especial, como, por ejemplo, ocurre en el supuesto de
responsabilidad por actuaciones judiciales, toda vez que el apartado 4
del artículo 139 de la misma señala que la responsabilidad patrimonial
del Estado porel funcionamiento de la Administración de Justicia se
regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tal vocación de generalidad, y de aplicación extensiva, de referida
LRJPAC, se refrenda y reafirma expresamente, para que no exista la
menor duda al respecto, por los artículos 133 y siguientes de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma...