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  • Publicado : 19 de junio de 2011
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Conviene resumir primero la situación de la distribución del poder político y económico en el Reino de Guatemala, con el fin de comprender (a lo largo del proceso emancipador y luego después de obtenida la Independencia), las aspiraciones de los diversos grupos participantes y cómo evolucionó (y muchas veces se radicalizó) el esfuerzo por lograr las reivindicaciones que se consideraban no sólourgentes sino justificadas.

El sistema político español había sido siempre altamente centralizado. Todos los hilos del poder regional se concentraban en el Presidente, Gobernador y Capitán General, y, a su lado, en la Audiencia. Estos funcionarios fueron mayoritariamente peninsulares, lo mismo que las más altas autoridades de la Real Hacienda. Sin embargo, las decisiones fundamentales debíanconsultarse a España, o bien venían desde allá nuevas directrices. En la Península también existía centralización, originalmente en el monarca y su Real y Supremo Consejo de Indias, y posteriormente en las Secretarías de Estado.

El establecimiento de las intendencias modificó un tanto la organización regional, pero concentró en los intendentes una serie de facultades y funciones que antes teníanlos gobernadores, alcaldes mayores o corregidores, con el agravante, desde el punto de vista de la élite criolla, de que estos funcionarios fueron en su mayoría peninsulares, mientras que los alcaldes mayores y corregidores habían sido generalmente criollos.

El gobierno eclesiástico también estaba centralizado en los obispos y arzobispos, que asimismo fueron mayoritariamente peninsulares, lomismo que gran parte de los miembros del Cabildo Eclesiástico. Sólo en los Ayuntamientos pudieron las élites criollas expresar su control político, sobre todo por medio de la compra de cargos, si bien compartían el poder con los peninsulares que también ocupaban puestos capitulares.

El gobierno español de las Indias se caracterizaba por dos principios fundamentales y complementarios:

a) laexistencia de varias esferas de autoridad y de responsabilidades (gobierno, guerra, hacienda, justicia, Iglesia), y

b) el recelo de la Corona hacia las iniciativas y actuaciones tanto de sus funcionarios coloniales como de los grupos de poder locales, ya fueran criollos o peninsulares.

De ahí que todas las decisiones importantes tenían que consultarse a España, donde culminaba la centralizacióngubernamental, que requería (y estimulaba) la comunicación directa con el Rey. Los procedimientos resultaban a la vez lentos y engorrosos, ambiguos y conflictivos. En el siglo XVIII y principios del XIX, tales procedimientos no sólo no se habían vuelto más fluidos sino que incluso, más que nunca, todo se debía decidir en la Península, aun cuestiones como el gusto artístico a través de la imposicióndel nuevo estilo neoclásico.

El sistema generó contradicciones: si bien era rígido y autoritario, limitando la libertad y la discreción de los funcionarios y de las corporaciones locales, tuvo que permitir cierta flexibilidad, aunque ésta resultó siempre precaria ya que en cualquier momento la autoridad peninsular podía revocar una resolución. Los funcionarios y corporaciones de Hispanoaméricarecurrieron a diversos métodos para adoptar alguna decisión que les conviniera (a ellos y a los grupos que querían favorecer). Lo fundamental era informar a España de tal manera que aquélla fuera ratificada. Las decisiones se tomaban y fundamentaban como se esperaba que debía hacerse de acuerdo con los casos previos.

Pero también sucedía que los precedentes fueran opuestos. Era usual encontrarsituaciones que habían sido resueltas en formas diferentes, sin que pudiera predecirse qué sucedería en el nuevo caso. La legislación era casuística, copiosa y contradictoria. El hecho es que el sistema, además de prolongado y costoso, generó frustraciones en las élites locales, que cada vez con mayor convicción creían que estaban en mejor capacidad de decidir lo más conveniente.

En...
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