Consultando la efectividad de la consulta

Consultando la efectividad de la consulta

“(…) somos un país que respeta la diversidad cultural, que integra la opinión de sus comunidades indígenas, para la ejecución de los proyectos de desarrollo” – Luis Peirano, Ministro de Cultura

A través de la opinión del actual Ministro de Cultura pareciera que se intenta esclarecer y definir la posición de ciertos sectores del gobierno en relacióncon el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de quienes hasta ahora los ven seriamente vulnerados. Cabe preguntarse desde cuándo esta aparente postura, a favor del ejercicio de ciudadanía de sectores amplia y cotidianamente excluidos, ha “entrado en vigencia”, es decir, ¿en qué medida la opinión vertida por Peirano responde a un ideal o a una realidad concreta de país?¿es posible que elúltimo avance respecto a la reglamentación de consulta previa, a pesar de las serias observaciones y objeciones que se le imputa, pueda constituirse como parte de un ascenso en la gradería que conduce a conformar un ideal estado democrático? ¿Cuáles han sido las respuestas y reacciones frente a este acontecimiento sin duda excepcional?

Los hechos
En primer lugar es importante trazar una brevecronología del proceso de promulgación y la posterior reglamentación de la Ley de Consulta Previa, basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es en septiembre del 2011 que el Presidente Humala, en un acto simbólico en Bagua, junto a parte de su bancada, promulga la tan esperada Ley frente a una vasta cantidad de pobladores, entre ellos miembros de comunidades campesinasy nativas. En noviembre del mismo año, el Viceministerio de Interculturalidad difunde el Borrador de Reglamento de la Ley de Consulta Previa, tras lo cual se esperaba la participación y trabajo conjunto de la Comisión Multisectorial para su elaboración, integrada por catorce Viceministerios así como por representantes de seis organizaciones nacionales indígenas.
Sin embargo, en febrero, luego dealgunos talleres macro regionales realizados con el fin de que las organizaciones evalúen la propuesta de Reglamento que se planteaba, cuatro de las instituciones que conformaban el Pacto de Unidad (CONACAMI, ONAMIAP, AIDESEP y CNA) decidieron abandonar el proceso, luego de presentar algunas objeciones y considerar la necesidad de modificar la Ley antes de que esta sea reglamentada.
A pesar deese retiro por parte de estas agrupaciones representativas, quienes en principio habían exigido un mayor involucramiento en la negociación, el Reglamento de la Ley fue aprobado el 3 de abril, acontecimiento que ha despertado una serie de inconformidades y malestares por parte de diversos actores, tal como se reseñará a continuación.
Aprobada la reglamentación de la Ley, proceso en el quefinalmente participaron solo dos organizaciones representando a las comunidades indígenas (la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP, y la Confederación Campesina del Perú - CCP), las agrupaciones que optaron por su retiro aducen que la Ley “no tiene el espíritu del Convenio 169, ni de la Declaración de las Naciones Unidas” (Reynoso, 2012), razón por la cual exigen una modificatoriaque incluya la modificación de los artículos 1º, referido al objeto de la ley, 2º acerca del derecho a la consulta, 7º, sobre los criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios, y el 15° vinculado a la decisión, y la Segunda Disposición Complementaria, que indicaba que la ley no modificaba o derogaba las medidas legislativas o administrativas que se hayan dictado previamente asu vigencia (Dammert, 2012). Frente a ello, es importante mencionar que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se encuentra respaldando a estas organizaciones, por lo cual demanda que el Estado pueda atender aquellos reclamos planteados (SPDA 2012a). 
Ante esta manifestación, Juan Luis Dammert (SPDA), arguye en discrepancia al interrogarse por la tardía reacción que se generó...