Tutela judicial efectiva

El artículo 24 de la Constitución Española de 1978 establece que
“1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a serinformados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobrehechos presuntamente delictivos”.
El precepto establece cuatro grandes grupos de derechos: a) el derecho de acceso a los tribunales, que es el derecho a la tutela judicial efectiva en sentido estricto; b) el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley; c) las garantías constitucionales genéricas de todo proceso, o derecho al proceso debido; d) las garantías constitucionales específicas delproceso penal.
El art. 24 CE es, con mucha diferencia, el precepto de la Constitución más frecuentemente invocado en materia de derechos fundamentales; y ello, sencillamente, porque permite impugnar ante el Tribunal Constitucional, por la vía del recurso de amparo, prácticamente cualquier resolución judicial definitiva con independencia de cuál sea el grado del órgano judicial a quo o laimportancia objetiva del asunto . Baste pensar que, según datos de la Memoria 1999 del Tribunal Constitucional, más de cuatro quintos de todos los asuntos llegados al Tribunal Constitucional fueron recursos de amparo en los que se alegaba alguna violación del art. 24 CE.
Mediante esa ingente jurisprudencia producida al hilo de recursos de amparo que invocan el art. 24 CE, el Tribunal Constitucional haido adaptando el derecho procesal y, más aún, la práctica forense a las exigencias de un moderno Estado democrático de derecho.
El TC ha entendido además que algunas de las garantías del apartado segundo del artículo 24 CE no son sólo predicables del proceso penal, sino también de todos los demás procesos (civil, contencioso-administrativo, social, militar).
El derecho de acceso a losTribunales.
El primer significado de la tutela judicial efectiva es que todo derecho o interés legítimo - es decir, cualquier situación jurídicamente relevante- debe poder hacerse valer, llegado el caso, en un proceso ante un verdadero órgano judicial, quedando constitucionalmente prohibida toda forma de denegación de justicia (STC 31/2000).
La tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24 C.E.consiste, como en tantas ocasiones ha declarado el Tribunal Constitucional (STC 100/1988) «en el derecho que tienen todas las personas al acceso a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos con arreglo a las normas de competencia y procedimiento legalmente establecidos», a obtener de los mismos una resolución fundada en Derecho, tras un proceso en el que segarantice adecuadamente el derecho de defensa de los afectados y se respete, entre otros, el principio de contradicción, así como la igualdad entre las partes [SSTC 93/1984], puesto que, como se dijo en la STC 9/1981, no ha de olvidarse que el art. 24.1 CE contiene un mandato implícito al legislador -y al intérprete- consistente en promover la defensión, en la medida de lo posible, mediante lacorrespondiente contradicción.
De tal mandato, pues, se deriva el deber positivo de corregir cualquier situación que pueda calificarse como indefensión, concepto este que una constante jurisprudencia constitucional identifica con aquella limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de los órganos judiciales [STC 98/1987] no sin dejar sentado que la indefensión de alcance...